El presidente Mauricio Macri y su familia no tienen paz en Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy al juez Ariel Lijo que indague al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por su actuación en el acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino cuando se desempeñaba como titular de la cartera de Comunicaciones, en una maniobra que habría beneficiado a la familia del presidente en perjuicio de las arcas públicas.

Hace exactamente una semana, el hermano del mandatario, Gianfranco Macri, tuvo que declarar ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la denominada "causa de los cuadernos", en la que se investiga si tanto él como su padre, Franco, pagaron coimas al gobierno de Cristina Kirchner como propietarios de Autopistas del Sol. 

Esta vez Pollicita no involucró a ningún familiar del mandatario, pero sí a un miembro clave de su gabinete, que sobrevivió al "hachazo" que redujo los ministerios a diez. Aunque Comunicaciones ya no existe, Aguad conservó su cargo de ministro de Defensa incluso después de la tragedia del submarino ARA San Juan. Según el dictamen del fiscal, en el marco del acuerdo entre el Estado y el Correo se cometieron los delitos de administración fraudulenta y negaciones incompatibles con la función pública.

Para Pollicita, el convenio -que no se llegó a concretar- "fue espuriamente concebido y a la vez buscó beneficiar a la empresa concursada". Además, advirtió que los términos del acuerdo comprometieron "abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años".

Además, pidió que también sean llamados a indagatoria Juan Manuel Mocoroa, el abogado que estaba a cargo del área de Legales del Ministerio de Comunicaciones, y los integrantes de la compañía Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.

El acuerdo entre el Correo Argentino, de la familia del presidente Mauricio Macri, y el Estado quedó sin efecto en febrero de 2017, luego de que la fiscal Gabriela Boquín lo catalogara de "abusivo" y que -según sus cálculos- implicaba "una condonación de la deuda" por más de $ 4.277 millones. La deuda original de Correo Argentino SA con el Estado ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a 293 millones de pesos (o dólares). Ahora, hay diferencias sobre el número actual.

En octubre pasado, el Gobierno cerró la investigación administrativa del caso, al rechazar el pedido de un fiscal administrativo para que se continuara la investigación sobre Aguad.