Revés judicial para una cautelar de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo que reclamaba $556 millones
La casa de estudios fundada por la fallecida Hebe de Bonafini había solicitado que se ordenara al ministerio de Capital Humano el cese automático de la retención de fondos y se procediera a su inmediata transferencia.
El Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar que había presentado la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMA) contra el ministerio de Capital Humano para que se ordene el cese automático de la retención de fondos y se proceda a la transferencia de más de $556.000 millones para financiar su funcionamiento.
El juez Pablo Cayssials consideró que la pretensión de la Universidad fundada por la fallecida Hebe de Bonafini debe desestimarse porque no se "aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones".
También confirmó que, del planteo efectuado por de la UNMA, "no se verifica la verosimilitud en el derecho en forma patente", "ni se vislumbra acabadamente la supuesta arbitrariedad" que denuncia por parte de la Administración Pública.
Por último, el magistrado señaló que en este proceso se discute un reclamo patrimonial que "debe encauzarse por otra vía", al considerar que "no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable".
El Estado Nacional cuestionó la legitimación de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, ya que la designación por la resolución Nº 2534/23 del exministerio de Educación quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por Capital Humano.
Por otro lado, denunció que el acta de fecha 05/03/24, mediante el cual se dejó constancia de los comicios de asamblea llevados a cabo para su designación, carecen de validez, al no contar con la aprobación pertinente con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Educación Superior y en el 23 del Decreto Nº 176/96. Esto significa que la UNMA no tiene autorizada su puesta en marcha.
El Gobierno de Javier Milei decidió en febrero pasado poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior. Entre las afectadas esta la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero (Córdoba), la de Ezeiza y la Del Delta.