El Gobierno argentino ganó tiempo y tal vez algo más con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de consultar al Poder Ejecutivo norteamericano sobre la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Para lograr ese paso, el oficialismo desplegó una estrategia judicial muy importante. Para el editorialista Carlos Pagni es evidente que la familia Eskenazi (grupo Petersen) está detrás de Burford, el bufete que le compró los derechos de litigar contra Argentina y quiere cobrar 3000 mil millones de dólares.

La relación entre los Kirchner y la familia Eskenazi dio un giro de 180 grados en el proceso estatizador de YPF. El grupo Petersen tenía una gran afinidad con Néstor Kirchner, que buscó controlar la petrolera -entonces privada- a través del holding.


Sebastián Eskenazi, ex CEO de YPF, hijo de Enrique.

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El 27 de diciembre de 2011, un año y dos meses después de la muerte de Néstor, Cristina se reunió con Sebastián Eskenazi, entonces CEO de YPF, aún en manos Repsol y el grupo Petersen. El déficit energético argentino, después de décadas de autoabastecimiento, encendió las alarmas del Poder Ejecutivo. Las cifras de producción e inversión de YPF no podían ser peores y la necesidad de importar gas licuado acentuaban la necesidad de usar unas reservas que caían en picadas, en un contexto donde la fuga de capitales era protagonista. En ese marco, Cristina planteó que avanzaría en la estatización de YPF. Eskenazi le respondió que eso no era lo acordado, pero el proceso se realizó igual.

Lo primero que cambió cuando la petrolera pasó a ser controlada por el estado fue la política de dividendos, que pasaron a ser en su mayoría reinvertidos para aumentar la producción nacional, lo que supuso un duro golpe para la familia Eskenazi, que aún adeudaba gran parte de los créditos pedidos para comprar las acciones de la compañía.

La otra gran perdedora del proceso de estatización fue la española Repsol: en ese momento, sus acciones cayeron en picada y, en consecuencia, la empresa buscó salvar su capital a través de la justicia, pero finalmente convino con el Estado argentino en aceptar un resarcimiento por la expropiación a cambio de abandonar cualquier derecho a reclamar. Por eso, más allá de lo que suceda en la Corte de EE. UU., Repsol no puede cobrar un dólar o la totalidad del dinero sería devuelta a la Argentina.

Los Eskenazi, por su parte, no abandonaron su derecho a reclamar, pero se lo vendieron al bufete Burford por 15 millones de dólares, firmando un contrato que sostiene que grupo Petersen, "en quiebra” según Pagni, cobrará el 30% de lo que el Fondo Buitre consiga en la Justicia. Aunque desde la familia de empresarios hacen trascender que no están interesados en el pleito, podrían cobrar casi mil millones de dólares si la Corte falla a favor de Burford. "Los que litigan contra el país son Burford y los Eskenazi”, afirmó Pagni.

"A pesar de que la entrada de los Eskenazi se presentó como una ‘argentinización’ de YPF, las empresas que adquirieron las acciones eran españolas y estaban controladas por una misteriosa sociedad australiana. Esas compañías españolas, que están en quiebra, esperan ahora que la Argentina les pague 1000 millones de dólares por derechos adquiridos sin dinero”, explicó el editorialista.

Por ahora, el Poder Ejecutivo nacional ganó algo de tiempo. Como varios países de la región e incluso China sostuvieron en su momento que la estatización de la empresa fue un acto soberano, más la influencia y buena relación que pueda tener Macri con su par estadounidense, el Gobierno podría lograr salir indemne del litigio, lo que supondría una victoria doble: fiscal y política.