La mesa chica de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- le exigió al Gobierno que avance con la ley de Reforma Laboral para evitar los despidos, mientras que del otro lado, el movimiento obrero, que se opone a la normativa, amenazó con tomar cartas en el asunto.

En un año electoral, ambos sectores ponen al Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, entre la espada y la pared.

Por más simple que parezca, el conflicto es difícil de resolver. El intenso debate que comenzó a principios de 2018 en torno a los proyectos remitidos por el Ejecutivo al Senado, continúa generando problemas para el oficialismo. 

Las propuestas, vinculadas a la regularización de trabajadores no registrados, a la creación de un sistema de prácticas formativas de estudiantes y hasta a una modificación del cálculo de las indemnizaciones que impedirían el cobro de bonos, premios y aguinaldo, generan una controversia: si se avanza con la reforma, va a haber un conflicto con los gremios, mientras que si no lo hacen, las pymes comenzarán a echar personal. 

En una reunión entre el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio y la CAME, el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, advirtió que en las empresas los balances no cierran y pidió cambios en las jornadas laborales con reducción horaria y redistribución de tareas, lo que representan medidas de flexibilización salarial y de trabajo. 

Con tarifazos en servicios, combustibles e insumos, tasas altas y aumentos inflacionarios, los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas atraviesan una etapa complicada tras 13 meses de descenso de ventas minoristas y ocho meses de caída de producción industrial.

Por otro lado, la decisión del macrismo de modificar el programa de subvenciones estatales, que generaba los aportes de las empresas a la ANSES, generó aún más dificultades. Frente a este escenario, el presidente de la CAME aseguró que confía en que el Gobierno sancione una nueva ley que incluya reformas tributarias y laborales, lo que considera que le permitiría hacer frente a la crisis.  

Por otro lado, los principales dirigentes sindicales pautaron en enero un intenso cronograma de movilizaciones y actividades en diferentes partes del país para los próximos meses, en rechazo de los aumentos de precios y la reforma.

Tanto los titulares de ambas de CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, como Pablo Moyano de la CGT, advirtieron que habrá un plan activo de lucha en la calle y señalaron que volverán a coordinar con la oposición del Congreso para frenar la ley. 

En este escenario de opciones acotadas, la estrategia del Gobierno deberá ser lúcida. Al igual que cuando estuvo al mando del Ministerio de Trabajo Jorge Triaca, primero tendrán avanzar con los puntos menos conflictivos si quieren evitar los daños.

De cara a octubre cualquier paso en falso puede resultar perjudicial, en especial si se trata de sectores como el obrero y el empresarial, que mueven con gran facilidad la aguja electoral.