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Para eso -según relata Majul- el Gobierno tiene preparada “artillería” para una “guerra de largo aliento”: auditorías para “evaluar” el pasado y el presente de los magistrados. La mano de obra de la investigación la tienen el Colegio público de Abogados de la Capital Federal, a cargo de Jorge Rizzo, y la Oficina Anticorrupción (OA), que maneja Laura Alonso. De fondo aparece un personaje de relación ambivalente con la Casa Rosada: el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Según el supremo, las comisiones de trabajo que piden “independencia y autonomía” de la Justicia respecto del PEN no fueron “pensadas como una jugada contra Macri”, sino, más bien, como un intento de converger en el estilo chileno y brasileño. Allí tienen presupuesto propio y todas las decisiones y su articulación correspondiente parten del propio Poder Judicial. En resumen, la caja. 

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La tesis del conductor de La Cornisa aventura algo más: tanto Macri y Germán Garavano, el ministro de Justicia, desconfían de las intenciones. Piensan que Lorenzetti y compañía buscan evitar una reforma que “diluya” la autonomía y el poder de fuego que ostentan los jueces federales de Comodoro Py.

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En un off, el periodista cuenta que un juez federal dijo: “Lograron la renuncia de (Norberto) Oyarbide, y está bien, porque era un impresentable. Fueron contra (Eduardo) Freiler en su momento de mayor debilidad. Ahora van a terminar desplazando a Pati (Jorge Ballestero) y (Eduardo) Farah porque dejaron los dedos marcados. Pero todos sabemos que esta purga puede no terminar. Y que, despacito, podrían venir por cada uno de nosotros”.

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El propio autor de la nota está enredado en la trama. ¿Por qué? La Corte ordenó la semana anterior que el Congreso realice una auditoría para determinar el origen de las filtraciones de las escuchas de Cristina y Parrilli.

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La relación de ambos jueces mencionados supo transitar diferentes estadíos con Balcarce 50. La intervención del SOMU y la prisión a Omar “Caballo” Suárez colocaron a Canicoba Corral fuera de la mira. Rafecas, si bien continúa en su cargo por decisión del Consejo de la Magistratura, está siendo monitoreado.