Luego de los nuevos aumentos en materia de electricidad que dictaron Edenor y Edesur -un 32%-, el Partido Justicialista bonaerense firmó, junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad -CEPIS- y la Defensoría del Pueblo, un recurso de amparo colectivo con alcance nacional para frenar el tarifazo.

La presentación llevó las rúbricas de intendentes, diputados nacionales y provinciales, ONGs y movimientos sociales, quienes salieron al cruce del Gobierno nacional por considerar que los incrementos no se condicen con las subas en los salarios. 

El alza en el cuadro tarifario comenzó a regir en días en los que los cortes del suministro eléctrico se configuraron como un patrón en los barrios de la Capital Federal y algunas zonas del Conurbano bonaerense.

El escrito judicial contra el Poder Ejecutivo señala además que "no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública", lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.

"En el interior de la provincia, las boletas de luz están cerca de los $2000. Qué sueldo tendríamos que tener para poder sostener estas tarifas. Estamos apelando a la justicia nuevamente para que pueda poner orden lo que debería poner el Estado", sostuvo la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

Desde que Mauricio Macri asumió en la Casa Rosada, las tarifas energéticas aumentaron un 733%, según los informes mensuales del Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA). 

Si se traduce el valor en dólares según el equivalente al tipo de cambio por año, cuando arribó Cambiemos al poder la tarifa de luz era de US$27,24. Mientras que en febrero de 2019, con la divisa actualizada, significa US$78,46.