El caso Chano sentó jurisprudencia de un debate que viene en cola desde la época del gobierno macrista y que trae a colación la implementación de las pistolas Taser, pero también la cuestión de los Derechos Humanos. El 24 de diciembre de 2019, apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, derogó la resolución 395 de mayo de ese año que habilitaba la utilización de este tipo de pistolas.

“Las Taser serán usadas solamente por miembros de los cuerpos especiales de las fuerzas federales para casos de extrema gravedad como secuestros y toma de rehenes”, explicó en aquella oportunidad Frederic. Desde ese momento este tipo de armas quedarían prohibidas para la policía.

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Pero de esto ya se hablaba en 2015, cuando Amnistía Internacional elaboró un comunicado repudiando la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que autorizaba al Gobierno local a comprar pistolas eléctricas para equipar a lo que era la policía metropolitana. “El uso de las armas tipo Tasers provoca dolor intenso, constituye una forma de tortura y puede causar la muerte”, citó la organización de Derechos Humanos.

Ayer, Santiago Moreno “Chano” Charpentier, el ex líder del grupo Tan Biónica, sufrió un posible brote psicótico, intentó atacar a un policía con un arma blanca y recibió un disparo de plomo en su abdomen. Tras el episodio, "Chano" debió ser operado y permanece internado en terapia intensiva.

El debate actual está centrado entre el exceso policial o la legítima defensa del personal de seguridad. Más allá de la crónica y los relatos de unos y de otros, de los cuales tomará nota la Justicia, surgieron algunas denuncias mediáticas y reproches desde el arco político opositor. Aunque tampoco faltó la autocrítica de algunos soldados del oficialismo.

Una de las primeras en pronunciarse sobre el episodio fue la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que la policía "sólo tiene un arma de fuego para enfrentar a un agresor con un cuchillo” y argumentó que “con la Taser se neutraliza y el policía se defiende”.

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El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Leandro Santoro sostuvo que "son necesarias" estas pistolas. “No me gusta ningún tipo de arma, pero las fuerzas las deben tener”, declaró en diálogo con Radio Rivadavia.

Otro que reivindicó a este instrumento de descarga eléctrica fue el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, quien declaró que Charpentier “está vivo porque tuvo suerte” y que el episodio “se podría haber evitado con una pistola Taser”. También dijo que es un "buen momento para volver a discutir” su uso. Y remató: “No quiero que mis policías terminen sin actuar por miedo a una posible sanción”.

En el gabinete nacional está claro que la visión es más cercana a aquel comunicado emitido por Amnistía Internacional que a las ruidosas palabras del ministro bonaerense. De hecho, Carla Vizzotti pidió capacitar a todas las áreas del Estado “para minimizar las acciones violentas” en el contexto de una persona que tiene “padecimiento de salud mental”.

Mas allá de que el Gobierno quiera evitar una nueva cuota de poder para las fuerzas policiales y a pesar de los antecedentes de “gatillo fácil” que tiene como respaldo, se replantea tímidamente su discurso sobre la seguridad. Quizá, ese debate, ese choque de discursos al que los sectores más progresistas siempre le han escapado, sea temporalmente un problema. Para la Casa Rosada no es momento de sumar una nueva división, ahora, entre los "pro Taser" y los "anti Taser".