A partir de un pedido del fiscal Franco Picardi, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJuDeCO), una oficina dependiente de la Corte Suprema de Justicia, elaboró un informe en el cual se detallan todas las "manifestaciones directas de carácter público" de funcionarios o allegados a la gestión del expresidente Mauricio Macri con "expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas o descalificantes" contra jueces y fiscales opositores en redes sociales, y medios de comunicación entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019.

El documento de 326 páginas se aportará como prueba en la causa 52956/2019, caratulada "Macri, Mauricio y otros s/Asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles”, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Según lo relevado por la DAJuDeCO, entre las personas más hostigadas se encuentran la exprocuradora Alejandra Gils Carbó; los camaristas federales Ana María Figueroa y Eduardo Farah y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla. En tanto, se registraron expresiones como “militante K”, “magistrada militante”, “impunidad de los corruptos” o “kirchnerista”.

Hostigados y hostigadores

“A mí me ponían que era de la agrupación Justicia Legítima, y yo no era de ahí”, recordó Figueroa ante El Canciller, quien en la misma causa presentó documentación incluso más amplia que la de la CSJN. “Este hostigamiento que me ha hecho el gobierno macrista se dio también por la prensa, más allá de las personas individuales que menciona el informe de la DEJuDeCO. La mayoría de las presiones las realizaron por la prensa”, sostuvo la camarista de Casación Federal.

En mayo de 2017, el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, había criticado a Gils Carbó en la Casa Rosada: “Lo que más nos preocupa es que una militante kirchnerista ocupe la Procuración y no tenga el decoro de renunciar, porque no es el ámbito para hacer política partidaria”. Además de Macri y de su mano derecha, otros funcionarios de Cambiemos aparecen en el documento como los autores del hostigamiento: Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Germán Garavano, Jorge Triaca, Federico Pinedo, Laura Alonso, Pablo Tonelli, José Torello. Ante la consulta de El Canciller, algunos dijeron que conocían del informe pero prefirieron no emitir opinión al respecto.

Germán Garavano junto a Mauricio Macri.

“Usar medios de masas para hostigar es algo que está claramente por fuera del proyecto de la Constitución”, dijo a este medio Enrique Arias Gibert, exvocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien se suma a la larga lista de funcionarios judiciales afectados: Eduardo Freiler, Martina Forns, Diana Cañal, Graciela Marino, Luis Rafagheli, Marcela Pérez Pardo y Mirta González Burbridge.

“Yo tenía la obligación de que no me afectara, porque para eso era juez”, dijo Arias Gibert, y agregó: “El abuso de facultades por parte de cualquier poder sobre cualquier ciudadano es un peligro para la democracia”.