Mientras las legisladoras y los legisladores debaten cuando se podrá realizar una sesión por el aborto legal, seguro y gratuito, en las redes y en los programas de televisión aparecieron argumentos que van desde mentiras sobre como se practica un aborto hasta la idea de que todas las mujeres que quieran abortar (incluso las abusadas) den en adopción al bebé cuando nazca.

¿Garantizar el acceso a un aborto nos convertirá en parias que van por fuera de cualquier normativa legal?

El aborto está penalizado en el artículo 88 del Código Penal hasta con cuatro años de prisión. No obstante, desde 1921 que hay tres causales que permiten realizarse un aborto sin que haya peligro de ir a la cárcel por eso: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer; y en caso de violación, además de contemplar la situación de mujeres con alguna enfermedad psiquiátrica.

Sin embargo, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar en claro la situación. El fallo F.A.L de 2012 garantiza que cualquier mujer abusada puede ir a un hospital y reclamar por su derecho a realizarse un aborto, sin judicializar el tema y sólo con una declaración jurada. A pesar de todo, sólo en nueve jurisdicciones hay un protocolo de interrupción legal del embarazo de acuerdo a lo que planteó la Corte. En otras ocho, hay una reglamentación más acotada del fallo y en las restantes ni siquiera tienen un protocolo.

¿Por qué es importante esto? Primero, porque ya hay casos donde Argentina reconoce el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo y a interrumpir un embarazo, a pesar de que en la práctica muchas veces los casos terminen judicializados.

La discusión, más allá de los términos científicos, biológicos y religiosos, se extiende también al plano de la salud pública y los derechos. Una ley que reglamente el aborto legal, seguro y gratuito no es un boleto directo al aborto ni obligará a que se lo hagan quienes no quieran. La despenalización plena apunta a combatir la clandestinidad.

Los abortos ocurren, se practican y se seguirán practicando. En la versión 2015 del "Protocolo de Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” que elaboró el Ministerio de Salud se sostiene que hay entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año.

En muchos casos, se realizan en condiciones sanitarias precarias o directamente sin ningún tipo de control. La mayoría de las mujeres que pagan por realizar un aborto bajo estas circunstancias son de estratos socio-económicos bajos y son ellas las que mueren a causa de infecciones, mutilación o hemorragias. Según Amnistía Internacional, el aborto es en el país la principal causa de mortalidad materna en 17 provincias de Argentina.

¿Va en contra de la Constitución?

El debate por la sanción de una ley que contemple el aborto hasta las 14 semanas de gestación no va en contra de la normativa vigente sino todo lo contrario. Si bien en nuestro Código Civil se habla de persona a partir de la concepción, sólo tendrá derechos cuando nazca. Es decir, que si no lo hace, esa persona nunca existió, según dice el artículo 21 del Código.

Dentro del sistema interamericano de Derechos Humanos, del que Argentina es parte, se ha planteado en varios fallos la vigencia de legislaciones donde se da la posibilidad de abortos voluntarios.

¿No pueden tener el bebé y luego darlo en adopción?

En cuanto al argumento de la adopción vs el aborto, el planteo ya supone mezclar peras con manzanas. De acuerdo a los números del Ministerio de Justicia, hay más de 5700 familias en un registro de adoptantes. El 92% está inscripto para bebés de hasta un año y sólo el 12% aceptaría una nena o nene de hasta 8 años.

Por otra parte, según un informe de Unicef y la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), hay 9200 chicos, chicas y adolescentes en condiciones de ser adoptados. Si bien es un número que se redujo (en 2011 eran 21 mil), en la mayoría de los casos se trató de revinculaciones con su familia biológica y no de adopciones.

Más allá de los datos que muestran un sistema complejo de adopciones, donde muchos de los chicos viven institucionalizados hasta los 18 años, obligar a una mujer (o a una niña) a que afronte un embarazo con todas las complicaciones físicas, psicológicas y económicas que trae parece absurdo. Ninguna está obligada a actuar como incubadora.