Los representantes del Gobierno nacional y de la administración porteña volvieron a verse las caras una vez más en el mediodía de este miércoles. La discusión que abrió la quita del 1,5% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2020, y que rápidamente se redireccionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), perduró en el tiempo. Después de ofertas y contraofertas, las partes no lograron llegar a un acuerdo.

• Plazo finalizado. El 26 de abril era el plazo máximo estipulado por el Máximo Tribunal para que se llegara a un consenso. Nación y Ciudad pidieron una prórroga para seguir negociando. En tanto, el nuevo plazo extendido finalizaba este miércoles. Sin embargo, como no se llegó a un punto en común, se podrá pedir una nueva prórroga. De momento, la pelota la tiene la CSJN.

• Sin acuerdo. Tras el encuentro que comenzó a las 11 y se extendió durante más de una hora y media entre el ministro del Interior Eduardo 'Wado' De Pedro y el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel prácticamente no hubo avances. Existió consenso en cuanto a la forma de transferencia y la actualización de las partidas, pero no respecto al monto.

• Informe. En la previa, la Comisión Federal de Impuestos (CFI) emitió un informe en donde se planteó que los fondos que corresponden al traspaso de la Policía a la Ciudad a lo largo de ese año fueron de $11.000 millones, lejos de los $18.000 millones que calculaba el Gobierno porteño. La cantidad de dinero es un elemento clave en el litigio. Asimismo, se estimó que el monto proyectado al valor de hoy es de $43.000 millones, la mitad de los $86.00 millones que reclamaba Horacio Rodríguez Larreta el año pasado. El informe de CFI fue aprobado por 21 provincias, con la excepción de CABA y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes.

• Dura carta. Las 17 provincias gobernadas por el peronismo le marcaron la cancha a la Corte ante su “inminente fallo” y exigieron que se las acepte como amicus curiae en la causa. “¡Las provincias decimos basta!”, plantearon en el documento, donde advirtieron que sus distritos “han perdido aproximadamente $500.000 millones” y padecen “la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”. Asimismo, apuntaron: “Que sepan muy bien los jueces de la Corte que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.

• Argumentos. Los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada se mostraron “cansados” de la “discriminación centralista”. En esa línea, señalaron que quienes habitan sus jurisdicciones reciben menos subsidios a la energía y al transporte, pagan el combustible más caro y se hacen cargo de sus propias fuerzas de seguridad.