Javier Milei emitió un nuevo Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) en el que informó que intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e implementará un régimen de retiro voluntario para los espías. En los argumentos de la decisión, criticó la gestión de su antecesor, Alberto Fernández, en materia de Inteligencia por el "notorio retroceso institucional" que presenta el área.

Mediante el DNU 22/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el mandatario dispuso la intervención de la ex-SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) por un plazo de dos años o "hasta que cesen los motivos" que dieron lugar a la medida.

En ese sentido, el líder de La Libertad Avanza se quejó de que la intervención del organismo dictada previamente por el expresidente "implicó un notorio retroceso institucional en detrimento de los objetivos planteados por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520".

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Con la reintervención, Milei buscará "revisar la utilización de fondos reservados y las compras y contrataciones llevadas a cabo, bajo el amparo del restituido Decreto N° 1311/15 y sus modificatorios y del Decreto N° 331/23 a efectos de detectar alguna anomalía o incumplimiento, en cuyo caso se dará inicio a las investigaciones y se formularán las denuncias que pudieren corresponder".

"Las intervenciones tienen por finalidad hacer cesar las causas que la motivaron, garantizando el fiel cumplimiento de los objetivos y fines atribuidos al ente por la ley de su creación, hasta su normalización institucional", acentuó el nuevo decreto en sus fundamentaciones, apuntando contra la gestión del gobierno anterior. 

En otro tramo del Decreto, Milei y todo su Gabinete -que firmó completo la normativa- criticó que en la gestión del Frente de Todos "se impulsó el desfinanciamiento del organismo, con el aparente objetivo de su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas para abordar la emergencia social instaurada, sin embargo no se evidenciaron modificaciones sustanciales debidamente acreditadas".

Además, se dejó en claro que el “plan motosierra” también impactará en la estructura de la AFI, ya que pretende "pasar a disponibilidad al personal que (el interventor) estime conveniente" y "disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios".

Para ello, se creará "una Comisión de Reencasillamiento del Personal" y se avanzará en la implementación de "un régimen de retiro voluntario" para los miembros de organismo espía.

Dentro del mismo DNU se oficializó al abogado Silvestre Sívori como interventor de la AFI. Se trata de un letrado cercano al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con pasado en el Gobierno de la Ciudad y en la gestión de Cambiemos en la Casa Rosada.

Sívori desempeñó funciones en la Secretaría Legal y Técnica porteña y en la Agencia de Protección Ambiental, así como también fue abogado en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad.

En la Nación, fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte, durante la gestión de Guillermo Dietrich en la cartera.