La media sanción que le otorgó este viernes la Cámara de Diputados al proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva echó más leña al fuego sobre la suspensión a la movilidad para los jubilados. El proyecto, que contempla derogar la fórmula aprobada por el Congreso en 2017, exime de esa disposición a los que perciben mayores sumas de jubilación (ex funcionarios, jueces, diplomáticos), quienes mantendrían la movilidad actual y le ganarían a la inflación. Ante la polémica, Alberto Fernández anunció una ampliación de las sesiones extraordinarias para derogar la medida.

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En la Cámara baja, luego de 19 horas de sesión, los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio acordaron excluir a las jubilaciones de privilegio de la eliminación de la fórmula propulsada por el macrismo dos años atrás. Frente a la discordia suscitada, el Gobierno convocó el lunes a una comisión especial para analizar si se incluirá en las nuevas resoluciones a expresidentes, exjueces y exfiscales, quienes tienen haberes de entre $180.000 y $320.000 mensuales.

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Sin embargo, horas más tarde, el Presidente anunció a través de Twitter la ampliación de las sesiones extraordinarias del Congreso “a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”.

Con la movilidad aprobada por el Congreso en 2017, los jubilados iban a culminar este año con una suba del 51,1% en sus haberes, casi idéntica al incremento de la inflación anual. En 2020, todo indicaba que por primera vez en dos años sus ingresos rebasarían al alza de precios. La suspensión de la fórmula por los próximos seis meses les quitó previsionalidad respecto a sus ingresos futuros, ya que durante 180 días quedarán a merced de decretos presidenciales.

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El miércoles, el ministro de Trabajo Gabriel Moroni había sido el encargado de defender la postura del gobierno en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Parlamento. En su discurso, explicó que la idea de Fernández es que los jubilados con ingresos más bajos (que representan la mayor parte de la población pasiva), cobren por encima de la inflación. Acto seguido, afirmó que quienes tengan ingresos medios no se verán afectados, en tanto reconoció que los jubilados que perciban más de $19.000 (el 20% del total), “deberán hacer un esfuerzo sólamente por los seis meses que dure la emergencia”.

Más allá de los bonos de $5.000 que les otorgarán en diciembre y enero a quienes cobren la mínima (menos de $14.000), los propios dirigentes del oficialismo se habían mostrado escépticos de la suspensión de la fórmula actual.

El senador por el Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saá, lamentó la disposición del Ejecutivo. “Sería preocupante perder la movilidad jubilatoria o dejarla en un vacío”, reconoció. Por su parte, el diputado del oficialismo, Hugo Yasky, pidió que el proyecto de ley especifique “que no va a haber congelamiento de haberes”.