En un nuevo contratiempo para las medidas económicas anunciadas por el Gobierno esta semana, los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio manifestaron el miércoles su “preocupación” por la controvertida suma fija estipulada para apuntalar el bolsillo de los trabajadores y pidieron "un fondo extraordinario" para poder pagarlo a los empleados públicos municipales.

Tras varios embates que recibió hasta el momento la medida, ahora las cartas están echadas sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien los líderes municipales opositores le pidieron ayuda para poder pagar la suma fija a sus empleados.

“Existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo, sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros”, señalaron en un comunicado los intendentes que conforman el espacio opositor.

La solicitud es un nuevo revés para la medida anunciada el domingo por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien sumó en las últimas horas varias negativas de parte de gobernadores a pagar la suma fija de $60.000, a desembolsar en dos cuotas en septiembre y octubre.

Bajo el paraguas de Juntos por el Cambio Buenos Aires, los ejecutivos municipales opositores destacaron en su pedido que “la actual coyuntura económica caracterizada por un incremento constante de las demandas que deben atender” los municipios y “el incesante incremento en el costo de los bienes y servicios necesarios” para operar los deja “en una situación de suma restricción financiera y falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante una medida como la mencionada”.

Luego del anuncio del refuerzo para empleados privados y públicos que hizo Massa, en el marco de su paquete de medidas post devaluación, ya 12 distritos del país avisaron que no aplicarán ese pago a sus trabajadores estatales porque están llevando a cabo sus propias negociaciones paritarias y hacerlo entorpecería las negociaciones o, incluso, les resulta financieramente inviable. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Catamarca, Tucumán, Salta y Santa Cruz, cuyos dirigentes son de diverso signo político.

En ese mismo sentido, se manifestaron ahora los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio: si bien reconocen la necesidad de apuntalar el ingreso de los asalariados, argumentan que les es imposible llevarlo a la práctica sin dañar seriamente las finanzas municipales.

“Entendemos el efecto que busca este paliativo para atenuar la aceleración en el deterioro de los ingresos de las familias, producto de la devaluación reciente que agrava aún más este prolongado y creciente proceso inflacionario, pero solicitamos se disponga de un fondo extraordinario que permita implementar la medida en cada uno de nuestros territorios sin desfinanciar a los municipios o alterar su funcionamiento”.

El primero de los líderes bonaerenses en llamar la atención sobre la dificultad de la puesta en ejecución de la medida pautada había sido Martín Yeza, intendente de Pinamar, quien cruzó al Gobierno nacional, al señalar que Massa “no tiene competencia” para obligar a provincias y municipios a ejecutar la medida, por el principio federal que rige en el país.