Con la aprobación de la Ley Bases, que demoró seis meses de incesantes negociaciones y un conjunto de sinsabores para el oficialismo, el Gobierno dio por concluida la primera etapa de la gestión, ordenada en el eje temático "déficit cero". Para la segunda parte del año, el oficialismo impulsa una variada agenda legislativa que incluye, por ejemplo, la Ley Hojarasca, como la bautizó el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa, como reafirmó este viernes, tras jurar como funcionario en un breve acto en la Casa Rosada, apunta a barrer con un centenar de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.

En este plano también aparece en el horizonte una nueva Ley de Hidrógeno, según reveló el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

"Además de tener un programa estructural como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para la iniciativa privada, es posible que presentemos un proyecto en el que se traten temas vinculados a las normas técnicas, esquemas de certificación y H2 en redes de gas (blending), entre otros puntos", comentó. 

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La Ley Bases, que se aprobó después de haber pasado por una cantidad de filtros, dejó afuera de la lista de empresas sujetas a privatización a Aerolíneas, el Correo y Radio Televisión Argentina.

De estas tres compañías, el Gobierno tiene entre ceja y ceja la privatización de la aerolínea de bandera, al evaluar que es un agujero negro de gasto público y de déficit irrecuperable, además de ser búnker de gremios enquistados. En ese sentido, el diputado Oscar Zago, extitular del bloque libertario, señaló que ya se están preparando proyectos que se presentarían en los próximos dos meses y que contarían con el apoyo de los bloques dialoguistas.

El 1° de marzo, en la apertura de sesiones ordinaria, el presidente Javier Milei había anunciado la intención de avanzar con un conjunto de leyes "anticasta".

Si bien no se conoce la letra chica, en su momento el mandatario había deslizado que se trataría de reformas en el sistema electoral sindical, la eliminación de jubilaciones de privilegio, el fin del financiamiento público de los partidos políticos y la apertura a los capitales privados y el proyecto de "ficha limpia" para evitar que funcionarios condenados puedan volver a presentarse a elecciones.

En el plano de la seguridad pública, la Cámara de Diputados ya inició el tratamiento de una batería de proyectos impulsados por la cartera que preside Patricia Bullrich. Un ejemplo de ello es la Ley Antimafias, que propone agravar penas por delitos complejos aplicando sentencias de prisión de entre 8 a 20 años de cárcel para aquellas personas que integren una organización ilícita.

Dentro de este paquete también se encuentran en debate la Ley de Reiterancia, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación criminal de delitos sexuales en el ámbito del ministerio de Seguridad y una actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa. También una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico. 

De la mano con estas iniciativas, el ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona está terminando de pulir un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.  

La primera versión de la Ley Bases presentada en diciembre pasado, que contenía más de 600 artículos, incorporaba entre otros capítulos una ambiciosa reforma electoral, que fue defendida en su momento por el entonces ministro de Interior y actualmente jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La decisión del Poder Ejecutivo apunta a reflotar esa iniciativa, recuperando varios de sus lineamientos originales, como la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única.

En esta cuestión asoma como posibilidad la propuesta para bajar la edad de votación a los 13 años, que encuentra resistencia en los bloques legislativos más afines al oficialismo. 

La ampliación del número de ministros de la Corte Suprema es un tema recurrente que atraviesa administraciones de distinto signo político. Ya lo había planteado el Gobierno anterior, que quiso llevarla a 15 integrantes. Ahora, la administración libertaria quiere no solamente conseguir que se aprueben los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Cámara alta, sino seguir agrandando el Máximo Tribunal, con el espíritu de sumar mujeres y darle a este órgano judicial  una impronta más federal.