En Argentina, el grito de las mujeres para terminar con la agresión psicológica, física y sexual, fue motor e impulso para la creación de uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de la última década, el #NiUnaMenos. Pero la desigualdad no sólo concluye en la violencia, sino también se legitima a través de instituciones en el panorama económico y sanitario, que impulsan a las mujeres hacia una situación de vulnerabilidad, con mayores tasas de desempleo y precarización, menores salarios y la desatención de graves problemáticas de salud, como el aborto.

Según los últimos números del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) publicados esta semana por el Indec, se registraron más de 576 mil casos de violencia de género entre 2013 y 2018. En el 97,6% de los casos, se trata de violencia doméstica, y en ocho de cada diez, el agresor es la pareja (43%) o expareja (39,1%) de la víctima. Las mujeres, además, sufrieron violencia psicológica en el 86% de los casos, y física en el 56,3%.

La violencia contra las mujeres es una problemática que tiene un alto grado de invisibilización social porque no todas las mujeres que padecen violencia de género realizan denuncias o solicitan ayuda en organismos públicos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que sólo un 5% de las víctimas de violencia sexual, por ejemplo, denuncia el hecho a la policía. Se trata de un fenómeno subregistrado y con imprecisión de información. 

Según un informe presentado por las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores, elaborado junto al Centro Atenea, la desigualdad también impacta en la composición del mercado de trabajo y la percepción de ingresos. Las mujeres cobran promedios salariales que están un 25% por debajo de los que cobran los varones, sufren un 2,6% más de desocupación, tienen cifras más altas de empleo no registrado y están relegadas a actividades mal pagas y asociadas con el cuidado de familiares, la docencia, la sanidad y el trabajo doméstico.

De esta forma, el principal factor de la desigualdad en materia laboral, surge en la responsabilidad social que recae en las mujeres a la hora de hacer el trabajo del hogar y las tareas de cuidado, donde casi el 90% realizan tareas domésticas mientras que la participación de los varones no llega al 60%. Este trabajo no remunerado, se convierte en una doble jornada para la mujer y constituye una de las principales brechas de género.

También existe una feminización de la pobreza demostrada en las cifras del Indec, donde más de 7 de cada 10 personas del grupo poblacional con menores ingresos son mujeres y en el porcentaje de mayores ingresos, el 70% son varones. Esta precarización impacta en las condiciones de vida materiales y en la desigualdad de oportunidades.

En cuanto a la salud, las elevadas tasas de mortalidad materna (246 mujeres en 2016), la falta de acceso a métodos anticonceptivos y el escaso asesoramiento en planificación familiar, los embarazos de niñas adolescentes (Argentina se ubica en el puesto 68 por 1.000, muy superior al promedio que la ONU adjudica a las regiones menos desarrolladas) y el aumento de la infección por el VIH, hacen urgente la implementación de políticas públicas con perspectiva de género en salud. 

El año pasado, uno de los temas fundamentales en agenda fue el debate por la legalización del aborto. Según Amnistía Internacional, se realizan unos 450 mil abortos anuales, lo que representaría alrededor de 1233 por día. Por estar prohibida la práctica, muchas de estas intervenciones se realizan sin información o con falta de recursos, lo que tiene como consecuencia la muerte de muchas mujeres por falta de acompañamiento y acceso a atención médica. En su mayoría, el 84%, de las mujeres que murieron por consecuencia de un aborto clandestino, fue en esatablecimientos de salud públicos.

En lo que va del 2019 se obstaculizaron al menos dos abortos no punibles a menores de edad que estaban dentro de los parámetros legales de atención a la salud primaria que garantiza la Justicia en Argentina y desde los gobiernos provinciales no hubo avances ni propuestas en materia de prevención.

Ante estas problemáticas, los movimientos sociales salen a las calles este 8 de marzo para exigirle al Estado una pronta respuesta y la urgente aplicación de políticas públicas que permitan la eliminación de la desigualdad social, económica y laboral, y favorezcan la inclusión.