Todo comenzó con una selfie que se tomaron cuatro diputados radicales con Javier Milei, el 10 de septiembre, un día antes de la sesión en la que se rechazó un veto presidencial a un proyecto impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Estas acciones fueron juzgadas como "deliberadamente provocadoras" por el Tribunal Nacional de Ética del partido, que resolvió echar de sus filas a Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat. 

"Consideramos que los afiliados Mariano Campero, Martin Alfredo Arjol y Luis Albino Picat deben ser separados de las filas partidarias por haber incurrido en inconductas graves que lesionan la dignidad de la Union Civica Radical", expusieron desde el Tribunal. 

Se les achaca a los diputados el cambio de postura con respecto a Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social. Así fue denunciado en la resolución del Tribunal: "Lesionaron la dignidad del partido, provocaron una situación de anormalidad institucional grave que afectó y puso en riesgo la unidad ideológica y política del partido en el orden nacional".

Pablo Cervi, quien también formó parte de la reunión con el Presidente, no fue expulsado del partido. Se le otorgó un plazo para presentar pruebas para defenderse, y su caso será tratado la semana entrante. 

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Varios radicales repudiaron la medida a través de sus redes sociales. Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, escribió: "Ilegítima, arbitraria y parcial decisión de un tribunal de conducta que parece más abocado a una interna que al rol que debe cumplir".

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, también lamentó la expulsión de los diputados: "La decisión de desplazar de la UCR a Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol no solo es una decisión completamente equivocada, sino que además demuestra que la conducción partidaria, que promovió esta idea, piensa en un partido chico, alejado de la histórica tolerancia democrática de la UCR, de nuestros simpatizantes en todo el país, de nuestros principios y nos aleja de nuestro electorado".  

Según se desprende de la resolución del Tribunal, los diputados tienen un plazo de 15 días para solicitar que se revise la medida, que es cautelar: "No se trata de una medida de carácter definitiva, sino estrictamente cautelar ya que no existe un gravamen irreparable, si existiera un daño, este puede encontrar remedio en el propio proceso sancionatorio".