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El juicio comenzó en 2015, exactamente seis días antes del tercer aniversario de la estatización de YPF. El bufete internacional de abogados Burford Capital Limited presentó la denuncia en la Corte del distrito sur de Nueva York por el incumplimiento del Estado argentino de los compromisos que tenía con los tenedores de los activos.

El pago que Argentina debería afrontar de resultar desfavorable la resolución del juzgado podría escalar hasta los u$s 3000 millones de dólares.  Los abogados locales es que la estatización de YPF se hizo bajo la ley de inmunidad soberana, no violó las leyes de oferta pública en los EE.UU.

Burford compró dos firmas de la familia Eskenazi luego de la quiebra de YPF, solo para litigar la demanda contra las autoridades argentinas. Aunque la opinión del procurador general norteamericano es importante, no es vinculante con lo que resuelva la Justicia del país anglosajón.