Tras el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía anunciado por Javier Milei el pasado miércoles y publicado horas después en el Boletín Oficial, el senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez admitió este domingo que ve “muy complicado” que la normativa logre pasar el filtro del Congreso. 

En la misma línea se expresó el titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien aseguró que "es la puerta de entrada a una relación entre el Congreso y el Ejecutivo que se parece al autoritarismo" y llamó a formar una mayoría "plural y diversa" para rechazarlo.

"Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado, pero bueno, es una opinión conforme lo que vengo sondeando, porque empiezan a radicalizarse posturas que en otro momento parecían que podían tener alguna cuota de racionalidad. Ahora la veo complicada", confesó el legislador cordobés. 

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“Nadie puede decir que el DNU no tiene enunciados que no fueran conocidos por la gente cuando votó”, aclaró Juez en diálogo con Radio Rivadavia. 

“Pero eso no tiene que ver con la honestidad intelectual de un enunciado que se repitió durante toda la campaña. La gente que lo votó sabía por dónde iba a venir la cosa. Que el contenido es lo que se enunció, no tenemos la mejor duda”, insistió.

Sobre su posible participación en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Juez admitió que es una posibilidad pero no brindó certezas: “Vamos a ver, nos vamos a juntar el día martes a evaluar. Estamos viendo, evaluando, ya veremos… Claramente es un tema de una complejidad al momento del estudio que nos obliga a tener un poco más de seriedad a la hora de pronunciarnos”.

Por su parte, Germán Martínez destacó en Radio 10: "Hay que prestar atención a lo que dice Milei porque es la puerta de entrada a una relación entre el Congreso y el Ejecutivo que se parece al autoritarismo y eso yo no lo quiero para la Argentina".

Además afirmó que desde el bloque de Unión por la Patria se está trabajando para lograr una “mayoría plural y diversa para que el Presidente retire este DNU”. “Si no, se lo vamos a rechazar”, sentenció.

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El megadecreto presidencial comenzará a regir ocho días después de su publicación, es decir el 29 de diciembre. Según la Constitución, el jefe de Gabinete (Nicolás Posse) tiene 10 días para enviarlo a la Comisión Bicameral, que dispone, a su vez, de la misma cantidad de tiempo para emitir un dictamen y girarlo al plenario de ambas cámaras.

Tanto el Senado como Diputados sólo pueden aceptarlo o rechazarlo por completo, sin realizar modificaciones. La norma únicamente perderá vigencia si es denegada por ambas cámaras. En cambio, si una de ellas la aprueba y la otra no, seguirá rigiendo, al igual que si ninguna la trata.

Esta situación refiere exclusivamente a su tratamiento parlamentario. La Justicia, que seguramente sumará trabajo tras la entrada en vigencia de esta súper normativa, corre por canales distintos e igual puede invalidarlo si lo considera ilegal o inconstitucional.

En medio de una marcada tensión política y de algunas dudas reglamentarias, lo primero que debe terminar de conformarse ahora es la bicameral, que tiene que estar integrada por ocho diputados e igual cantidad de senadores. Este trámite quedaría resuelto la semana próxima, después de Navidad. La mayoría, para el quórum y para emitir dictamen, se consigue con nueve votos.

De los ocho senadores, uno será de La Libertad Avanza (Juan Carlos Pagotto), uno de la Unión Cívica Radical (Víctor Zimmermann), uno del PRO (Luis Juez), uno de Cambio Federal (Juan Carlos Romero), uno de Unidad Federal (Carlos “Camau” Espínola) y tres de Unión por la Patria.

Todos esos bloques, que juntos representan a la mayoría de los miembros de la Cámara alta, acordaron que así fuera. El último jueves, en medio de las discusiones por el armado del bloque, Unión por la Patria envió cuatro nombres, en un intento por imponer un miembro más.

De los ocho diputados, en tanto, dos serán del oficialismo (Oscar Zago y Lisandro Almirón), uno del PRO (Hernán Lombardi), uno del radicalismo (Francisco Monti), uno de Cambio Federal y aliados (Nicolás Massot) y tres de Unión por la Patria, que no confirmó aún los nombres y, al igual que con los senadores, insiste en que le corresponde un integrante más.

La Libertad Avanza y el PRO, pese a sus diferencias internas, ya tienen decidido avalar el decreto desregulatorio, que, entre más de 300 iniciativas, deroga las layes de Alquileres, de Tierras, de Góndolas y de Promoción Industrial, además de modernizar el régimen laboral, abrir el camino para privatizar empresas públicas y modificar el Código Civil y Comercial.

Unión por la Patria, en tanto, cuestionó duramente tanto el uso del DNU como su contenido, mientras que el radicalismo y los bloques federales se manifestaron más moderados, al rechazar el instrumento pero no tanto la letra de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

En este contexto, se avecina una discusión interpretativa. La bicameral que debe analizar el decreto tiene carácter permanente, es decir que puede funcionar en cualquier momento y emitir un dictamen. Sin embargo, no había claridad entre los legisladores respecto a si éste podría tratarse en el recinto durante el período de sesiones extraordinarias al que convocó el mandatario.

Desde La Libertad Avanza y el PRO señalan que no y estiman que recién podría discutirse desde marzo, cuando comience el período de ordinarias, con lo cual el DNU podría estar en vigencia durante tres meses antes de ser tratado en el recinto.