Jubilaciones de privilegio: comisiones, lobby y la amenaza de no dar quórum

El Gobierno afronta una nueva batalla en el Congreso. Con la firme intención de modificar las jubilaciones del Poder Judicial y la Cancillería, en la Cámara de Diputados trataban este miércoles el proyecto que lleva la firma del Gabinete nacional.

El debate fue en el horario pautado, a las dos de la tarde, en el plenario organizado por las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto. Hasta allí llegaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli. Los tres primeros de explicar el documento ante los legisladores.

Moroni fue el primero en resaltar el impacto el impacto económico de las jubilaciones de privilegio: "El de jueces y servicios exterior es un régimen que provoca un déficit enorme y requiere que el resto de la masa de aportantes pongan mucha plata", dijo el ministro en el subsuelo del Congreso. Y agregó que “los jueces compartan sus beneficios con el resto, sino que requieran menos aportes del resto de la población de Anses”.

Aún no se conocen todos los artículos del proyecto oficialista, aunque se destacan dos medidas que modifican el sistema previsional de los jueces: eleva la edad jubilatoria (de 60 años pasaría a 64) y se reforma la tasa de sustitución, que calcula la jubilación de base. En ese último punto pasaría de calcular el monto en relación al último haber, se haría promedio de los últimos diez años. "Tiene más relación el promedio de los últimos 120 meses con el esfuerzo contributivo de cada uno", justificó Moroni.

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Presión

Pero a la reunión de las comisiones no fueron invitados solo los representantes del Ejecutivo. En el listado de oradores figuraban los dirigentes de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN)

Desde el minuto cero, los jueces se opusieron a la iniciativa del Gobierno. Y actuaron en consecuencia: primero, sin mover mucho el avispero, integrantes del Consejo de la Magistratura se presentaron en despachos del Congreso para dar su punto de vista. Pero del lobby se pasó, ahora, a una presión directa. 

"Entre jueces que tienen posibilidad de volver los pliegos para designarlos en trámite en el Consejo, en concurso, y los que renunciarían, mi número es entre 100 y 150. Es decir, estaríamos con más de 450 jueces hoy que dejarían de expresar activamente su función", dijo, en diálogo con El Destape Radio, Alberto Lugones, presidente del organismo que administra el Poder Judicial.

Julio Piumato, secretario general del sindicato judicial, también se movió en consecuencia. Es que al líder gremial lo vieron, este miércoles, en el cuarto piso de los Tribunales, allí donde tienen lugar los despachos de los jueces de la Corte Suprema. La principal misión de Piumato es que el cambio de régimen sólo sea para los jueces y no para los empleados de todo el Poder Judicial.

Oposición

La postura de la oposición también merece un capítulo aparte. En diciembre, los propios legisladores de Juntos por el Cambio criticaban que la modificación del régimen previsional - en la llamada ley de Emergencia- no incluía ni a jueces ni a diplomáticos.

Ahora los diputados dicen mantener la misma postura, "pero con otro contexto". Por caso, la Coalición Cívica emitió un comunicado criticando el tratamiento del Frente de Todos.  "No queremos un trámite exprés", indicaron en un documento.

"Hoy nos preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la Justicia y muchos de sus integrantes. Una disputa para garantizar impunidad y que se caigan muchas causas", agregaron los legisladores del partido fundado por Elisa Carrió. Su intención fue clara: no dar quórum el jueves en Diputados.

En el Pro y la UCR, las otros dos partidos de la alianza Juntos por el Cambio, adoptaron una posición más "moderada". "Pedimos que haya cambios, sobre todo, para evitar renuncias inmediatas", comentaron al El Canciller desde el despacho de uno de los jefes de bloque de Diputados.

El objetivo de la UCR sería crear una "caja compensadora" con aportes extraordinarios de los trabajadores. En el bloque oficialista, en cambio, mantienen la premisa que salió desde la Casa Rosada. "Se aprueba sin concesiones".