El Gobierno nacional le pidió de manera formal a la Corte Suprema de Justicia que convoque a una audiencia pública para discutir con las provincias el alcance de la compensación fiscal por la reducción del IVA y el Impuesto a las Ganancias.

La Casa Rosada plantea que los gobernadores buscan beneficiar los fondos provinciales en perjuicio de los trabajadores. “Les hemos adelantado plata extra de la coparticipación, están reclamando plata que supuestamente tienen. A las provincias les dimos gastos que no estaban pautados en el Presupuesto, queremos que la Corte Suprema tenga en cuenta esto”, argumentó una fuente gubernamental a El Canciller.

Entre el Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el ministro de Justicia Germán Garavano, redactaron una aclaratoria que ingresó a última hora del jueves en el máximo tribunal. De acuerdo a voceros del Gobierno, el proyecto tiene como objetivo que la Corte aclare cuánto se les debería devolver a las 15 provincias que reclamaron por el costo fiscal de las medidas decretadas tras las PASO. En la práctica, serían más de $30.000 millones a absorber por el Estado nacional. Además, buscan tener una reunión con los mandatarios provinciales.

Nuevas respuestas de los gobernadores

“Los gobernadores no reclamarían si tuvieran las cuentas al día. No son tontos. Hay muchas provincias que continuaron con obras y si el Gobierno no cumple con lo pactado desequilibra las cuentas”, indicaron a este medio desde la provincia de San Juan. Y remataron: “Nos deben más de $6.000 millones”.

Desde Entre Ríos, provincia que encabezó la protesta judicial, también atribuyeron la demanda a la necesidad de mantener equilibrados los números fiscales. “Teníamos un presupuesto organizado, ya teníamos rebajas impositivas previstas, habíamos sufrido la pérdida del Fondo Fiscal Solidario y eso nos generaba un gran perjuicio. Cuando se dan a conocer las medidas del Gobierno nacional, nosotros acudimos a la Corte porque nos generan un gran desfinanciamiento en tres meses", puntualizaron.

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El fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los Ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti (Rosenkrantz votó en disidencia), dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional  y de las resoluciones generales AFIP n° 4546/19 y n° 4547/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional. La decisión no debe coparticipación que corresponde de las provincias.

La presentación en la Corte fue apoyada por los gobiernos de Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Tal cual explicó este medio los decretos en cuestión eran 561/19 y el 567/19. El primero subió el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Este gravamen quedó en $55.376 para un trabajador soltero y en $70.274 para un trabajador con cónyuge a cargo y dos hijos e implica una mejora en promedio de $2000.

El segundo, por su parte, eliminó el IVA a un grupo de alimentos que integran la canasta básica. El Ejecutivo redujo de 21% a 0% el impuesto para los productos con el objetivo de moderar el impacto de la devaluación.

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