Garantía, comisión y duración del contrato: las claves de la nueva ley de Alquileres del Gobierno
El Gobierno nacional avanza en su objetivo de recuperar la confianza de la clase media y empezar a enterrar el descontento sobre las tarifas, el dólar y la inflación. Para amortiguar el impacto al bolsillo, entonces, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Interior Rogelio Frigerio anunciaron un paquete de medidas para la vivienda, entre los que se destaca el impulso de una nueva ley de Alquileres.
"Vamos a regular los aumentos", dijo Frigerio al brindar los alcances de la medida que apunta a dar "alivio" en un contexto de crisis económica y política que afecta a la clase media y baja. En este sentido, el funcionario de Cambiemos dijo que las comisiones las pagarán solo las propietarios.
En este sentido, Macri afirmó: "Buscamos darle a los inquilinos soluciones concretas a los problemas típicos: lo difícil que es conseguir una garantía, quién se hace cargo de la comisión y con qué criterio se actualiza el alquiler".
Los puntos claves de la ley
- Contratos: pasarán de ser de dos a tres años. "El contrato de locación de inmueble, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considerará celebrado por el plazo mínimo legal de tres años en locaciones destinadas a vivienda y de dos años para cualquier otro destino", detalla el texto de la iniciativa que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional.
- Garantía: la iniciativa prevé que se podrán usar garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad como respaldo para poder acceder a un crédito hipotecario.
- Registro ante la AFIP: todos los contratos de alquiler que se establezcan deberán registrarse ante la AFIP para que se logre una mayor formalización del sector y sea una herramienta para poder iniciar acciones legales con validez en el caso de ser necesarias.
- Comisión a cargo del propietario: es uno de los puntos más importantes del proyecto e imita la norma que en 2017 promulgó la Legislatura porteña. Se establecerá que la comisión de los contratos la deben pagar los propietarios junto con los gastos de certificación de firma.
