Enfrentado con la Rosada y denunciado por Bebote, bordea el clan Moyano el abismo
Pablo "Bebote” Álvarez está preso hace más de dos meses. Un mes después, cayó Noray Nakis, vicepresidente de Independiente. Ayer, el jefe de la barra brava mandó una alerta hacia el corazón del club: los Moyano y cómo fueron los manejos de la dirigencia con la barra.
¿Es Bebote un nuevo arrepentido?
Podría serlo pero todavía no lo es. Sus declaraciones son en calidad de imputado (está detenido por las extorsiones a Ariel Holan y la asociación ilícita que habría conformado con dirigentes) y por eso no tiene la obligación de decir la verdad.
Lo que dijo Bebote es que los carnets que tiene la barra los paga el club y que las entradas que usan para la reventa se las entregaban en el edificio La Franco Argentina, donde funciona la empresa que maneja el software con los datos de cuotas sociales. Enfrentado con el resto de la dirigencia, trató de proteger a Nakis. El mensaje es claro y va para arriba.
Ayer, el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitales allanó la sede de Independiente ubicada en avenida Mitre 470 y la empresa Integradores SA. Se llevaron computadoras, comprobantes de pago, facturas y remitos. La hipótesis a corroborar ahora es si efectivamente le entregaban cosas a la barra y si así era, bajo qué ordenes lo hacían.
Esa última premisa es la que pone en aprietos a la Comisión Directiva de independiente. ¿Podrían desconocer los beneficios que tenía la barra? ¿Los negocios que se hacían?
El trasfondo Oca, Moyano y Macri
La empresa de correos pasa por un situación comercial compleja y resultó ser una de las puntas del enfrentamiento entre el líder camionero y el presidente de la Nación. Oca emplea a más de 6000 camioneros.
El conflicto entre Moyano y el presidente, que supieron tener una buena relación, viene silencio hace meses y se acentuó cuando Pablo tomó un lugar preponderante en contra de las reformas que impulsaba el Gobierno.
Cerca del gremialista consideran que lo que sucede con Independiente es parte de una estrategia para debilitarlos políticamente. En el Gobierno, sin embargo, lo enmarcan en la supuesta "lucha contra las barras”.
