El voto de la discordia

Los enojos y pasiones que provocan todos los temas vinculados a Venezuela hicieron que rápidamente se pierda de vista el fondo del debate que dieron lugar a simplificaciones y miradas lineales que ayudan poco y nada a entender la situación.

¿Qué votó Argentina? Tal como ocurre desde el año 2006, Argentina condena las violaciones a los Derechos Humanos en todos los países del mundo, sean aliados o enemigos. Es una política de estado que debería enorgullecernos y que muestra la vocación de ser vanguardia en una temática que nos toca de cerca.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sigue de cerca la situación en Venezuela desde que asumió Michelle Bachelet. El de esta semana es el tercer informe en un año plantea entre otras cosas que : "Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020”. De este total, que alcanza 2039 personas, 11 eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años. La Alta Comisionada recomendó por segunda vez al régimen de Nicolás Maduro la eliminación del cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) debido al incremento de las ejecuciones extrajudiciales.

El primer reporte fue en junio del año pasado e incluyó una misión encabezada por la propia Bachelet que se reunió con Nicolás Maduro y todo su gabinete, la oposición liderada por Juan Guaidó, representantes de ONG y familiares de presos políticos, víctimas de represiones ilegales y de las guarimbas opositoras del año 2014. El segundo se discutió en Ginebra en agosto de este año y se denominó “Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” que recibió el apoyo del gobierno y abrió la primera de las grietas dentro del Frente de Todos que obligó al presidente a dar innecesarias explicaciones.

Este último informe es más duro, ya que, además de denunciar represión, detenciones arbitrarias y ejecuciones extra judiciales, incluyó posibles delitos de lesa humanidad que apuntan directamente a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa e Interior, Vladimir Padrino Lopez y Néstor Reverol. Si bien el gobierno argentino tomó distancia de esa calificación, no deja de estar en el ojo del debate público.

Una de las críticas a este informe es que no se hizo en el territorio sino que fueron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. Además, los defensores de Maduro acusan a Bachelet de no investigar con el mismo énfasis a otros países de América Latina. Eso es falso, en 2019 su oficina llevó adelante misiones en el marco de las protestas en Ecuador y Chile, el golpe de Estado en Bolivia y denunció de forma particular la violación de Derechos Humanos a 7 países: Colombia, Honduras, México, Brasil, El Salvador, Nicaragua y Venezuela y adelantó que próximamente se publicarán las primeras conclusiones tras las muertes en Estados Unidos de George Floyd y Daniel Prude, y la agresión a tiros en perjuicio de Jacob Blake en Estados Unidos.

Bachelet en las Naciones Unidas hace todo lo que no quiere hacer Luis Almagro en la OEA, por eso, ponerlos en la misma bolsa es de ignorancia o mala fe.

Entonces, ¿hubo cambio de postura del gobierno respecto de Venezuela? El hilo de Twitter publicado por Felipe Solá lo muestra con mucha claridad. Como candidato, presidente electo y en funciones, Alberto Fernández dijo siempre lo mismo, marcó preocupación en materia de Derechos Humanos, respaldó a Bachelet y condenó las sanciones y el bloqueo.

El problema es que para los extremos de la grieta ese posicionamiento es insuficiente. La derecha y los medios masivos de comunicación quieren que el gobierno reconozca a Juan Guaidó y rompa relaciones con Maduro, y el sector más radicalizado del Frente de Todos pretende una defensa cerrada en nombre del antiimperialismo. Esto es extraño y responde a una lógica antinorteamericana casi identitaria en el campo de la izquierda/progresismo en el cual un país puede colgar koalas bebes en una plaza pero se banca, siempre y cuando critique a Estados Unidos -tal como lo describió el historiador Alejo Reclusa en Twitter-. Esa no puede ser la vara para medir las relaciones internacionales y mucho menos para tomar decisiones en el ámbito de la diplomacia.

Otra idea que circuló entre el coro de indignados fue que este voto “contra Venezuela” robustece la estrategia intervencionista de Estados Unidos. Lo primero que debe aclararse es que las resoluciones que se votan en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes y, si Estados Unidos quisiera tomar una decisión de esas caracterizas, la haría sin chistar.

Por eso, la apelación a la Doctrina Drago (doctrina jurídica establece que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda de manera compulsiva) y la Doctrina Calvo (que establece que, los extranjeros deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones armadas de su propio Estado o gobierno) son incorrectas y malintencionadas, pues, Argentina no avaló ningún uso de la fuerza contra Venezuela. Como dijo recientemente el doctor en Relaciones Internacionales, Esteban Actis, “la política internacional es muy importante para dejárselas a los diplomáticos y la diplomacia es muy importantes para dejársela a los políticos”.

En ese marco, es importante dedicarle un párrafo al embajador argentino ante los organismos internacionales, Federico Villegas. Abogado, magister de la Universidad de Georgetown y diplomático de carrera especializado en Derechos Humanos. Podría ser la oportunidad para darle crédito a su trabajo y escuchar a los prestigiosos diplomáticos que se forman en el Servicio Exterior de la Nación y hacen de la cautela un recurso que puede venir bien en momentos de tensión e incertidumbre.

Como vemos, las razones de la indignación responden únicamente a valoraciones políticas. El argumento repetido de que Argentina se cruzó de vereda para votar con el Grupo de Lima es incompleto, pues, también incluyó al Grupo de Contacto Internacional que compone la Unión Europea quien mantiene negociaciones con el gobierno venezolano para la realización de las elecciones parlamentarias y su responsable en Relaciones Exteriores, Josep Borrell, propuso en el Parlamento Europeo que la salida de la crisis es el “diálogo y la negociación”.

¿Por qué México se abstuvo entonces? La académica mexicana Natalia Saltalamacchia, explicó con gran precisión dos cuestiones claves. México “no tiene costos: puede frustrar a unos u otros pero influye poco o nada en la relación de otros países” y “Venezuela no es un asunto de política interna, no genera una grieta o división. El gobierno prefiere que siga siendo un "no tema" y la abstención contribuye”. Esto es lo inverso a lo que pasa en Argentina en donde el tema venezolana tiene una presencia demencial al punto que cualquier vecino que camina por las veredas de la Ciudad de Buenos Aires tiene más legimitidad que el mismísimo presidente. La dinámica interna de los estados gravitan más de lo que el antiimperialismo piensa.

Votar en contra junto a Eritrea y Filipinas o abstenerse luego de la polémica con el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, era alejarse de una política de Estado en relación la defensa de los Derechos Humanos y ganarse un problema innecesario en un coyuntura con demasiados frentes abiertos.

¿Por qué tanto lío entonces? Evidentemente, hay un sector del progresismo argentino que considera que analizar la película completa sobre Venezuela es hacerle el juego a la oposición o a Estados Unidos. Es claro que negar la violación a los Derechos Humanos es tan irresponsable y sesgado como relativizar las naciones que pesan sobre el país empeorando la calidad de vida de millones de habitantes.

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A esta altura del partido, el asunto está lo suficientemente bravo como para tomar el tema con seriedad, aunque el progresismo prefiere quedarse con el recuerdo de Hugo Chávez enterrando el Alca en 2005. Pero eso no solo no explica un presente dramático sino que anula la posibilidad de analizar un mundo, una región y un país sustancialmente diferentes.

La defensa cerrada de un gobierno que tomó la decisión de manipular las instituciones, perseguir a opositores y violar los Derechos Humanos no protege ninguna causa revolucionaria sino que hunde moralmente cualquier proyecto que se pretenda de izquierda y no hay nada más funcional a la derecha que eso.