La tarea de contener la crisis y encarar la reconstrucción no se presenta sencilla en una economía que arrastra ya más de dos años de recesión, con un cuadro de endeudamiento y déficit en los distintos niveles del estado. Todo esto, además, azuzado por un escenario internacional que no invita a hacerse grandes ilusiones.

El gran desafío que desvela a los distintos gobiernos de nuestro país es cómo volver a poner en pie la actividad productiva y achicar la brecha social que fue in crescendo.

Agustín Simone, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, carga con un importante peso en ese sentido. Luego de su paso por la gestión de Mercedes bajo la administración de Juan Ignacio Ustarroz, hoy se encuentra al frente de la cartera que tiene por delante nada menos que la articulación, ejecución y control de un plan de obras necesarias estimado en 800 mil millones de pesos.

En diálogo con ElCanciller.com, el funcionario precisó que ya realizaron 125 obras de ampliación para duplicar la disponibilidad de camas: "Si no hubiera sido por esa inversión, hoy el sistema de salud estaría saturado", alertó.

También, a través de la logística de Viabilidad, se recorrieron 100 mil kilómetros en la provincia de Buenos Aires para la distribución de insumos y equipos de salud.

A su vez, avanza una inversión de 6.500 millones de pesos entre Nación y Provincia para las obras del Corredor Atlántico.

Transición y pandemia

ElCanciller: Les tocó encarar una transición de gobierno ya de por sí compleja, y a los pocos meses los encuentra una pandemia mundial, ¿cómo encararon ese doble escenario?

Agustín Simone: Como decís, veníamos en febrero que no llegabamos a 3 meses de gobierno, con una situación muy compleja desde lo económico y financiero.

En el caso particular del ministerio, con muchas deudas y obras paralizadas desde mitad de año hasta agosto.

Estábamos reencauzando y ordenando la provincia cuando, a principios de marzo, empezamos a ver que el coronavirus nos iba a afectar. Y veíamos grandes debilidades en el sistema de salud. El gobernador nos planteó que cada ministerio estableciera un plan de trabajo. Y ahí nosotros con Salud, a partir de las proyecciones que se estaban haciendo, determinamos para mediados de abril podía haber un pico. Estábamos a principios de marzo.

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Ahí se define la cuarentena y, simultáneamente desarrollamos una línea de trabajo de ampliación de camas. Ese fue el objetivo primordial que era donde la provincia tenía grandes deficiencias. Nuestro plan fue de 125 obras, la mayoría de las que estaban paralizadas. Obviamente en una situación desigual: obras que se podían terminar en un mes y obras que estaban al 30%.

Separaría en tres tipos de obras: las que directamente que aumentaban las camas; las guardias de hospitales (ya que las obras paralizadas afectaban su desenvolvimiento), por eso terminamos para despejar esa zona y, en los casos donde era posible establecer doble esquema circulación y las salas de atención primaria que llegaban a 80. Ese fue el plan de trabajo que nos propusimos. Invertimos 4 mil millones de pesos sumando obras más equipos.

En agosto deberíamos terminar con todo. Ya cumplimos en un 90%. Esto sumado a otras políticas cómo los hospitales modulares que se construyeron a través de Nación, hoy tenemos el doble de camas de terapias y contamos con una capacidad disponible importante. Hoy sino no habría camas. Por otro lado, ayudamos en la provisión de insumos a salud, algo que por ahí no es tan visible.

Ahi se llevan recorridos más de 100 mil kilómetros distribuyendo insumos y equipos. Toda la maquinaria de vialidad está a disposición del sistema de salud, al igual que el ministerio de seguridad.

Obras: la relación con Nación y municipios

EC: ¿Cómo se articula la Provincia al plan nacional de obras públicas?

AS: Desde el primer dia nos pusimos a trabajar en un plan quinquenal que lo considerábamos necesario para la provincia. Previo a la pandemia estábamos en una situación muy compleja que el coronavirus agravó. Por eso nos pusimos a trabajar en un plan estratégico. En mi ministerio tenemos una unidad estratégica para identificar las obras necesarias, divididas en ejes.

El eje productivo y el eje demográfico, y este último dividido entre vivienda y otras necesidades de infraestructura. Trabajamos con el gobierno nacional en tener un plan de obras importantes. En la provincia está muy clara la necesidad de obra pública y el efecto económico. Fundamentalmente con el ministro (Gabriel) Katopodis estamos trabajando en conjunto delineando los ejes definiendo financiamientos: ya sea reactivar todo el financiamiento multilateral, lo que se podía hacer con presupuesto, o financiamiento de Nación o nuevo financiamiento.

En ese esquema entra la discusión sobre el endeudamiento. Hay 500 millones de dólares que están en ese plan estratégico. Trabajamos en forma diaria para calzar cada obra con un financiamiento. Es un trabajo silencioso pero es el dia a dia. El endeudamiento nos permite sentarnos con los bancos con proyectos concretos: con esto firmamos para terminar con vialidad ruta 11 y 56, o las líneas de trabajo de Katopodis con municipios del conurbano o del interior para obras de agua y cloaca. O Viabilidad en la ruta 7 y 8. Estamos trabajando luego de la 11 y la 56, seguir con la 41. Con Fonplata reactivamos, por ejemplo, la avenida Pavón en Tres de Febrero. La cuenca del Reconquista, la cuenca de Luján que también estaba prácticamente sin ejecutar; la del Salado que estaba sin iniciar el dragado.

En el caso de vivienda, lo trabajamos con María Eugenia Bielsa. Hay 5 mil viviendas paralizadas para terminar. Hay un plan para terminar las 5 mil viviendas y pedimos autorización de endeudamiento con el Banco Mundial. Lo hacemos en el marco del plan provincial y probablemente hagamos un anuncio oficial, pero ya está en marcha y ya hay resultados.

Tenemos identificados, si sumamos a Educación y Justicia, si sumamos los 3 ministerios, que estamos en una necesidad de 800 mil millones de pesos de infraestructura.

EC: En ese marco de un plan de obras tan amplio, ¿cómo es la relación con los intendentes?

AS: La coordinación con los intendentes es muy buena, tenemos diálogo con todos. Me he llegado a reunir prácticamente con todos los intendentes antes de la pandemia. Nos propusimos ni bien asumimos tener un relevamiento de cuál era el diagnóstico de sus municipios. Vengo de Mercedes, por lo cual conozco las particularidades que han vivido los municipios. El diálogo es muy bueno. Los primeros meses fueron muy difíciles por la situación de la provincia.

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El objetivo primero era reactivar. La obra pública desde el 2018 había sufrido una ralentización muy fuerte. Se estiraron los pagos, se estiraron los tiempos. Finalmente después de las PASO se paralizó todo. Esa es la situación en la que nos vieron todos los intendentes. Obviamente no es lo mismo un municipio del conurbano que uno del interior y, a su vez, no es lo mismo la costa que el oeste.

Estamos trabajando con el FIM, obras que financia la provincia pero ejecuta el municipio. Todos los intendentes nos han venido a pedido a pedir por las obras de vivienda. Venían con un retraso sorprendente. Con muy poca finalización. Con nulo impacto poblacional y todos los jefes comunales muy preocupados por esa situación. Esas obras las estamos ejecutando a través del Instituto de la Vivienda. Como pauta general, todo lo que es intervención urbana lo tiene que ejecutar el municipio, y lo que es tejido urbano lo tiene que ejecutar la provincia. Eso por supuesto tiene excepciones.

EC: En el caso del corredor atlántico, que recientemente realizaron un acto con Massa y el titular de AUBASA Javier Osuna, ¿qué enfoque están teniendo y qué nivel de intervención e impacto tiene?

AS: Son obras que ejecuta Vialidad provincial, que se reactivó ahora, implica 1.500 millones de pesos de inversión de provincia y 5 mil millones de Viabilidad nacional, que es lo que estimamos que se necesita para terminar la obra en las rutas que te llevan a la costa. Esas rutas están dentro de la concesión de AUBASA, que es una Sociedad Anónima con participación mayoritaria de la Provincia a través del Ministerio de infraestructura. Cuando se termina la obra, AUBASA las administrará. Calculamos que las obras producirán una generación de mil puestos de trabajo.

Servicios y la batalla por las inversiones

EC: En el último también hubo algunos cruces con Edesur y Edesa por los cortes en el servicio eléctrico, ¿cuál es la mirada y accionar de la cartera al respecto?

AS: Hemos estado reunidos Edesur y Edesa, porque en la provincia Edesa tiene 4 distribuidoras. Prorrogamos por 180 días el congelamiento las tarifas. Si bien Edesur y Edenor están en el ámbito nacional, tuvimos reunión con Edesur. Son relaciones diferentes: Edesa está bajo nuestro control y regulación, es más intenso y detallado. Estamos haciendo una auditoría a ver si se cumplió con las inversiones.

En el caso de Edesur nos presentamos como clientes perjudicados, en este caso, por la falta de servicio e inversiones. La regulación la lleva el ENRE. Obviamente tenemos contacto diario y lo venimos trabajando en conjunto. Lo que hacemos es definir y exigir un plan de inversiones: primero de contingencia y por otro lado pensando en el verano.

Son empresas que los últimos años tuvieron una situación tarifaria muy beneficiosa con niveles de inversión que no estuvieron a la altura del aumento de tarifas. Tuvieron muchas ganancias con una caída de la economía que en el caso de las empresas de servicios públicos es una ventaja porque cae la demanda, entonces tienen una demanda de energía menor. Tuvieron más tarifas y menor demandas.

Entonces hay dos temas: por un lado, tienen que hacer las inversiones de ampliación y mantenimiento de acá al verano. Por otro lado, porque la intención del gobierno es generar un rebote y crecimiento en la economía, van a tener que reponer una demanda de energía mayor que no tuvieron. Y creemos que no están preparadas para esa situación. Tuvieron los ingresos para prepararse. Con Edelap, que está en nuestra área de concesión, ya estamos avanzando en un plan de inversión con este objetivo.

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Es un gran avance ya empezar a regular, controlar y auditar. En los servicios regulados, el estado tiene que controlar porque no existe una situación de competencia que genera que el privado invierta. En el sector energético, eso no funciona. Tiene que haber una regulación y un control del Estado. Nosotros creamos la subsecretaría de energía que había sido reducida a una oficina de dos personas y que sólo recibía declaraciones juradas de las empresas.