El presidente Javier Milei envió este martes al Congreso cuatro proyectos de ley destinados a abordar de manera integral la lucha contra el crimen organizado y que llevan tanto su firma como las del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

El paquete legislativo incluye una "Ley Antimafias"; como así también la creación de un nuevo Registro Nacional de Datos Genéticos y la incorporación del concepto de reiterancia "a fin de reducir los porcentajes delictuales".

A su vez, propone "modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos", y contempla la "legítima defensa" en cumplimiento del deber "para resguardar planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos".

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"El Gobierno Nacional considera fundamentales estas medidas para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina", señalaron desde el Ejecutivo. 

La Ley Antimafias había sido adelantada por Bullrich en marzo pasado, cuando presentó junto a su par de Defensa, Luis Petri, los principales proyectos en materia de seguridad. Al respecto, explicó que la norma apuntará contra las organizaciones criminales y se aplicará a casos de narcotráfico, homicidios, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, extorsión y trata de personas, entre otros delitos complejos.

"Cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero", había asegurado la Ministra sobre la iniciativa, que establece "una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación". 

Asimismo, crea la "figura de la Zona de Investigación Especial", para "establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado"; y contempla la "extinción de dominio", que consiste en la desposesión de cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades de quienes hayan sido causantes de este tipo de delitos.

Por su parte, la incorporación del concepto de reiterancia busca cambiar la ley vigente, de acuerdo a la  cual se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con esta normativa, ya no sería condición que las condenas hayan sido cumplidas.

Según este criterio, si concurrieran dos hechos independientes, las penas se sumarían de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Respecto al Registro Nacional de Datos Genéticos, la iniciativa propone ampliar el alcance de la actual base, vinculada a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del ministerio de Justicia, y crear el "Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal", en el ámbito de la cartera de Seguridad.

En cuanto al orden público y la legítima defensa, el proyecto pretende actualizar el Código Penal y pone la mirada en "la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad".