El Gobierno de Javier Milei consideró que "la Justicia no se puede entrometer en la política pública", luego de que el juez Sebastián Casanello le ordenara al ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tienen almacenados y disponga su inmediata distribución. "Vamos a apelar la decisión", anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada. 

"Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es una cuestión que solo ocurre en la Argentina, pasa en el resto del mundo, imaginate repartir todos los alimentos y en el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos alguna catástrofe, inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos", explicó el portavoz. 

Siguiendo la misma línea, aclaró que "siempre fuimos respetuosos y siempre lo vamos a ser de la Justicia, de los procesos judiciales y de la determinación de los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance, como bien es este caso". 

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"Por un carril van los alimentos que terminan en los comedores y sirve para asistir a los más vulnerables y los que menos tienen, y otro diferente, que están destinados para otro fin", continuó detallando Adorni. 

Además, apuntó contra la oposición, al asegurar que "a algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios, cambios de alimentos y todo un esquema en los que había muchos beneficiarios a título personal". 

"Vamos a presentarnos para demostrar que el nuestro es un trabajo serio y no hacemos populismo", concluyó el vocero. 

Esta explicación se dio luego de que el juez federal Casanello le solicitara al ministerio de Capital Humano que elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos a comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la última semana y generó una polémica que escaló hasta la cúpula de la Iglesia.

El pedido judicial al Gobierno consiste en que, "dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, la cartera que gestiona Pettovello tendrá que elaborar "un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".