El Gobierno dio el primer paso para intervenir los registros automotores del país, una de las promesas de Javier Milei en campaña, en la que, además, dijo que anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.

El punto de partida estuvo dirigido por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien hizo la presentación formal para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.

Dentro de los ejes de su carrera electoral, La Libertad Avanza cuestionó el modo de nombramiento de los titulares de estas entidades, incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política”, y  enfatizó que forman parte de un sistema que el nuevo Gobierno desmantelaría como parte de la reorganización de las entidades públicas.

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El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona bajo la órbita del ministerio de Justicia. Las críticas no sólo apuntan al sistema burocrático poco eficiente, costoso y complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones está relacionada con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.

Actualmente en el país existen 1.557 registros de la propiedad automotor y, según los últimos relevamientos, se realizan unas 180.000 transferencias o inscripciones por mes, entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. 

El sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Vale aclarar que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación.