El Gobierno le pasa la pelota al Congreso y apura el debate del aborto legal

Mientras el equipo económico liderado por Martín Guzmán trabaja contrarreloj para acordar la reestructuración de la deuda pública, el presidente Alberto Fernández le traslada veloz pero progresivamente al Congreso el protagonismo de la agenda pública.

El objetivo parece ser similar al del gobierno de Mauricio Macri en 2018: deseconomizar los asuntos del Estado y lograr que la opinión pública se concentre en la legalización del aborto y, en este caso, también en proyectos de otra índole, como la reforma judicial, la soberanía y la educación.

Con ese afán, en las próximas horas el Poder Ejecutivo dará a conocer el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que será la prioridad de su temario parlamentario: es lo primero que mandará y quiere que se debata lo más rápido posible y no en cuatro largos e intensos meses, como en 2018.

El objetivo es tener sancionada la legalización del aborto durante el primer semestre de 2020 y para eso está dispuesto a jugar fuerte.

El juego ya comenzó

"El que vota en contra, vota en contra del Presidente" y no habrá "perdón" para el que trabaje en contra de su objetivo. Ese es el mensaje que funcionarios de la primera línea del Gabinete empezaron ayer mismo a bajar hacia adentro del oficialismo, inclusive a través de medios periodísticos, como el diario La Nación.

El aviso de Balcarce 50 se sintió como el sonido del cuerno en guerra y se produjo horas después de que el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, un ferviente antiabortista, comparara a la propuesta del Gobierno —de su gobierno— con la pena de muerte, nada menos.

En el Senado se librará la gran batalla, porque allí los números a simple vista no dan: hoy por hoy se cuentan 32 votos a favor, 35 en contra y 5 indefinidos, que son Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino, que en 2018 se abstuvo de votar; los peronistas oficialistas Edgardo Kueider (Entre Ríos), Roberto Mirabella (Santa Fe) y José Emilio Neder (Santiago del Estero), y la radical Stella Maris Olalla (Entre Ríos), a quien se contaba a favor pero en las últimas horas hizo saber que no fijará posición hasta no haber estudiado el proyecto que mandará la Casa Rosada.

Los celestes están a las puertas de imponerse nuevamente —ya lo hicieron hace dos años, por 38 afirmativos, 31 negativos y dos abstenciones—. Pero ahora necesitan al menos dos votos para llegar a 37 —la mitad más uno de los votos posibles—, porque ya no está Gabriela Michetti y en caso de empate en 36 la vicepresidenta, Cristina Kirchner, votaría a favor.

¿Uno menos?

Además, entre los 35 celestes se cuenta a José Alperovich, que cursa una licencia de seis meses por haber sido acusado de violar a su sobrina. Sin él, son 34; 34 a 32.

Aunque puede retomar su banca anticipadamente, quienes lo conocen afirman que no solamente no le interesa hacerlo sino que además podría votar a favor del proyecto del Gobierno. "En 2018 iba a apoyar, pero terminó votando en contra porque la suerte ya estaba echada y él quería volver a ser gobernador de Tucumán", dijeron.

Pero los verdes igual siguen abajo y para lograr la victoria esperan que la Casa Rosada salga a la cancha: a diferencia de 2018, cuando institucionalmente el Gobierno se mantuvo al margen de la discusión, esta vez el proyecto es del Poder Ejecutivo: la derrota o la victoria serán suyas, ni siquiera de las organizaciones de mujeres.

Jugar significa lograr que senadores de su espacio que no estén a favor de la iniciativa se abstengan de votar o no estén presentes; que antepongan su pertenencia partidaria y política a su postura personal, y no al revés.

Antecedente

Al respecto, avezados periodistas acreditados del Congreso recuerdan el caso de la ley de matrimonio igualitario, de 2010: en el Senado, cámara reacia a apoyar el proyecto —que no pertenecía al Gobierno sino a las diputadas Vilma Ibarra, del Frente para la Victoria, y Silvia Augsburger, del Partido Socialista— la sanción fue posible gracias a la intervención directa de la Casa Rosada.

Tras la media sanción de Diputados, el proyecto se convirtió en ley con 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones. Nueve senadores se ausentaron; varios habían manifestado previamente su oposición al proyecto. Algo pasó en el medio.

Dos días antes de la votación, la entonces presidenta, Cristina Kirchner, viajó a China con dos senadoras que rechazaban de cuajo la posibilidad de que dos hombres o dos mujeres contrajeran matrimonio: la sanjuanina Marina Riofrío y la santiagueña Ada Itúrrez de Cappelini. Otros senadores, como el radical santiagueño Emilio Rached se fueron del recinto para no votar en contra. Así salió la ley.

Las presiones

Pero el Senado nunca es fácil. Son tan solo 72 integrantes, a diferencia de los diputados, que son 257, de modo que la presión, el hostigamiento y los escraches pueden ser allí tres veces más fuertes, o más. A un cura le es mucho más fácil señalar en la misa del domingo a tres senadores que a cinco, 9, 18, 25 o 70 diputados, según la provincia. Todas las provincias tienen tres senadores, ni más ni menos.

En 2018, varios senadores que apoyaron la ley de IVE sufrieron martirios en sus provincias, redes sociales, medios y ámbitos privados, y hasta de los propios.

Por ejemplo, el cordobés Ernesto Martínez, del Frente Cívico, fue destinatario de una "carta abierta" que su amigo Luis Juez publicó en Facebook, pidiéndole que votara en contra del aborto legal. El clásico fuego amigo.

En la Cámara Baja los números aparecen más favorables para la media sanción, pero los verdes tampoco tienen la vaca atada: se cuentan 113 votos a favor (en realidad, 112 porque José Ignacio de Mendiguren está de licencia; podría volver), 101 en contra y 34 indefinidos.

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Además, a diferencia del Senado, en esta cámara el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, está a favor y ya hizo saber que no será como en 2018, cuando se dio libertad de acción: esta vez la legalización del aborto será un asunto que sí se discutirá dentro del bloque, porque el Gobierno —su gobierno— quiere que salga.

Los sectores interesados los cuentan a todos, a los 329 legisladores nacionales. No se les escapa ninguno. Son las organizaciones de mujeres y las iglesias Católica y evangélicas, que realizan un sigiloso pero tenaz cabildeo, que en los próximos días se intensificará.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya mojó la oreja: convocó a una movilización en Luján para el próximo domingo, en que se celebra al Día Internacional de la Mujer, para reclamar "la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural". Ese mismo día se realizará una concentración frente al Congreso para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Se animarán Mayans y demás senadores y diputados del Frente de Todos a ir a la contramarcha eclesiástica?

Como contrapeso a la dureza de un proyecto de legalización del aborto, el Gobierno también mandará su aplaudido por celestes y verdes plan "de los 1000 días", para "garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”.

Un compromiso con el papa Francisco que difícilmente tuerza voluntades para la gran discusión del año.

Lo que viene

El segundo partido, también difícil para el Gobierno, será la reforma judicial, mediante la cual busca ampliar la cantidad de juzgados federales para desconcentrar su poder.

La reforma, como todas, será un paquete de modificaciones legales, de modo que el oficialismo se enfrentará no solamente al cabildeo de sectores interesados sino también a la oposición: en Juntos por el Cambio dicen que el Gobierno, lejos de pretender sanear la Justicia, va por ella.

También el Gobierno está especialmente interesado en la ley de creación del Consejo Económico y Social, ámbito al cual pretende transferir parte de las tensiones que generan las discusiones entre los empresarios y los sindicatos.

Otros proyectos que también concitarán atención, en su debido momento, son la ley de hidrocarburos; las tres leyes sobre soberanía nacional (Malvinas, plataforma continental argentina y Régimen Federal Pesquero); la ley sobre acoso laboral, y la reforma de la ley de Educación Superior.

Además, dos proyectos que ya han sido enviados: la nueva ley de economía del conocimiento y la ley que hace que 24 ciudades argentinas se conviertan en Capital Federal una vez al año.