El Gobierno anunció este viernes que enviará al Congreso un proyecto para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios.

El anticipo fue hecho por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. 

"Las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos", valoró el portavoz, quien remarcó que, en la última edición, en 2023, las primarias tuvieron "un costo de $45.445 millones" y "obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces".

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"Hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar después de las elecciones generales", remarcó el vocero presidencial en relación a la introducción de las PASO en 2011.

En esta línea, según Adorni, la gestión libertaria propondrá suprimir el aporte extraordinario del Estado para campañas y eliminar los topes de los aportes privados, siempre y cuando se pueda rastrear el origen de los fondos. 

Sobre la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el Gobierno la justificó en el objetivo de "mejorar la representatividad" electoral y evitar la proliferación de "sellos de goma" cuyo objetivo es "recaudatorio", según subrayó Adorni.

De esta manera, de avanzar con la reforma, las agrupaciones partidarias deberán contar con "0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas".

En el caso de los partidos nacionales, "se les exigirá presencia en al menos diez distritos, cuando hoy se requieren cinco jurisdicciones", precisó Presidencia.

A su vez, se presentará "una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán hasta el año 2026 como plazo para adecuarse a esta nueva normativa".

En cuanto al régimen de financiamiento electoral, el Gobierno propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas.

A juicio de Adorni, con esta iniciativa se busca "reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos".

De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, las medidas a implementar, en caso de que prospere la norma en el Congreso, serían "el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y la eliminación del financiamiento público para las campañas", por lo que "quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales".

Asimismo, en caso de aprobarse el proyecto, se reduciría la prohibición de hacer encuestas de "8 días a 3 días anteriores a cada elección", y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral".