El Gobierno denunció "actividad fraudulenta a gran escala" en la Agencia Nacional de Discapacidad
Según informó Adorni, una auditoría detectó serias irregularidades en los trámites de pensiones por invalidez durante las gestiones anteriores: "En el último año se desviaron fondos por USD 3.400 millones".
Según informó esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, una auditoría destapó la "actividad fraudulenta a gran escala" en la Agencia Nacional de Discapacidad durante los gobiernos anteriores.
El informe estuvo a cargo del actual titular del ente, Diego Spagnuolo, y del ministro de Salud, Mario Russo, y se detectaron serias irregularidades en los trámites de pensiones por invalidez.
"Se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a USD 3400 millones, algo así como más de medio punto del PBI", graficó el portavoz.
"A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres primeros gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Luego, esa cifra bajó marginalmente entre 2015 y 2019 hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, se ubicó en 1.222.000 beneficiarios. Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales", afirmó Adorni.
Asimismo, afirmó que del total de pensionados "hay 25.000 personas que actualmente están trabajando y hay 60.000 que presentan incompatibilidad de requisitos". "Por ejemplo, cobran la pensión, tienen varios autos, propiedades, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados", insistió el vocero.
A su vez, a cada beneficiario se le otorgó también el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el Gobierno nacional de "un millón y medio de pesos por afiliado".
Al citar algunos casos llamativos, destacó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires por tener 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales "el 65% fue otorgada en menos de 60 días", cuando los trámites suelen tardar "cerca de dos años", y el 90% "se salteó la auditoría médica".
"En Chaco una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones y en 2022 un médico correntino adjuntó para tramitar una pensión por trastorno de disco lumbar e hipertensión la radiografía de un perro", concluyó.