El Gobierno apeló ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara del Trabajo que invalidó el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23. A la vez, se prepara para presentar en el Congreso un nuevo proyecto que contenga una mejora de las iniciativas que quedaron suspendidas.

"No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora", señaló la presentación de los abogados de la Procuración del Tesoro, en referencia a la CGT.

En el escrito se negó que la iniciativa afecte a "los trabajadores que la actora dice representar" y se cuestionó "por qué considera que una norma que beneficia a la mayor parte de la población nacional afecta los derechos" de la central sindical.

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Asimismo, el Gobierno sostuvo que la decisión sobre el DNU no está sujeta al control del Poder Judicial, ya que esa función le corresponde al Legislativo.

"Si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento", afirmaron en el texto.

Además, se justificó la existencia de lo que, a criterio del Ejecutivo, fueron razones de necesidad y urgencia para emitir el decreto. "La imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual es de valoración estrictamente política", afirmó el documento.

"El Presidente fue elegido por la mayoría del pueblo argentino para ejercer como Jefe Supremo de la Nación y Jefe del Estado. (…) Coartar sus  atribuciones, tratando de imponerle un modelo de gestión no es solo ir en contra de la voluntad popular sino que, también, va en contra de la validez del texto constitucional y los principios que surgen del mismo", se insistió en la apelación.

El expediente pasará esta semana a estudio de la Corte Suprema, que no tiene tiempos establecidos para pronunciarse.