A lo largo de esta semana, las autoridades del Congreso Nacional buscarán avanzar en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe evaluar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, presentado por el presidente Javier Milei el pasado miércoles. 

El plazo que tiene el Gobierno para el tratamiento del mismo está establecido en el artículo 12 de la Ley 26.122 que determina: "Dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente".

De esta forma, Milei tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU al Congreso.

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Además, en el artículo 6 de la misma ley -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la Comisión Bicameral Permanente "cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación", con lo cual puede deliberar en cualquier momento. Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a la posibilidad de tratar o no en el recinto fuera del período ordinario de sesiones, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga.

Lo primero que debe terminar de conformarse ahora es la Bicameral, que tiene que estar integrada por ocho diputados e igual cantidad de senadores. La mayoría, para el quórum y para emitir dictamen, se consigue con nueve votos.

De los ocho senadores, uno será de La Libertad Avanza (Juan Carlos Pagotto), uno de la Unión Cívica Radical (Víctor Zimmermann), uno del PRO (Luis Juez), uno de Cambio Federal (Juan Carlos Romero), uno de Unidad Federal (Carlos “Camau” Espínola) y tres de Unión por la Patria.

Todos esos bloques, que juntos representan a la mayoría de los miembros de la Cámara alta, acordaron que así fuera. El último jueves, en medio de las discusiones por el armado del bloque, Unión por la Patria envió cuatro nombres, en un intento por imponer un miembro más.

De los ocho diputados, en tanto, dos serán del oficialismo (Oscar Zago y Lisandro Almirón), uno del PRO (Hernán Lombardi), uno del radicalismo (Francisco Monti), uno de Cambio Federal y aliados (Nicolás Massot) y tres de Unión por la Patria, que no confirmó aún los nombres y, al igual que con los senadores, insiste en que le corresponde un integrante más.

Cabe aclarar que, mientras el decreto se trata en el parlamento, continúa teniendo vigencia. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.

Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción ficta" o tácita. Hasta el momento, el Congreso Nacional no derogó ningún DNU, pero tampoco nunca se había dictado una norma que contiene mas de trescientos reformas a la legislación vigente en materia económica, laboral y de salud.

El sábado por la noche, en el programa “La Noche de Mirtha Legrand”, que se emite por Eltrece, el libertario había explicado y defendido las medidas de desregulación económica: “A lo que apunta este Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es a que haya un shock de inversiones como consecuencia de todo un shock de libertad por quitar regulaciones, a dar más libertades a los individuos y, obviamente, también a terminar con los kioscos de los corruptos de la casta argentina”.

Además, había apuntado contra la CGT y el kirchnerismo, asegurando que “se iban a quejar de cualquier cosa" porque “usan a la gente como escudo de sus privilegios” y no se dan cuenta de que el DNU deroga ”en su mayoría varias leyes de la dictadura". 

Por último, Milei había reiterado que el Gobierno de Alberto Fernández le heredó "un país al borde de la mayor crisis de su historia”, con “indicadores sociales peores que en 2001” y con “cerca de 23 millones de pobres”, según las últimas estimaciones.

“Nos vimos entonces obligados a hacer un ajuste fiscal muy duro, que recae 60% sobre el sector público y 40% en el privado, y un sinceramiento cambiario”, explicó el mandatario.