Después de que el Indec difundiera este jueves que el índice de desocupación alcanzó un 9,1% en 2018, la CGT confirmó una movilización para el jueves 4 de abril a las 14. La última vez que convocaron a un paro fue el 25 de junio pasado, hace 271 días, cuando el dólar estaba a $27, luego de la primera corrida cambiaria.

El Consejo Directivo de la CGT abrió el año con una reunión en la sede de Azopardo, donde confirmó la marcha, que incluirá tanto a los sindicatos dialoguistas como a los más críticos de la gestión del presidente Mauricio Macri.

Los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña aseguraron que irán con columna propia, que será en horario laboral y que saldrá desde la estación de Once y concluirá en Plaza de Mayo.

Pese a que en aquel último paro el mínimo del colectivo costaba $10, la inflación mensual era del 3,7% -un 29,5% interanual- y el dólar estaba a $27, y, ahora, el mínimo del colectivo está a $18, la inflación interanual escaló al 51,3%, y el dólar fluctúa cerca de los $41, la mesa chica de la central obrera evitó llamar a una huelga general.

Aunque fue el sector que más contacto tuvo con el Gabinete en el último tiempo de la mano de Dante Sica, quienes fomentaron en un principio la convocatoria fueron los sindicatos de la industria, con SMATA y la UOM a la cabeza. Luego, las adhesiones se ampliaron a movimientos sociales y a los empresarios pymes.

Según publicó Letra P, un dirigente de la Corriente Federal aseguró que el posicionamiento cegetista es “el famoso abrazo de oso”, al que consideran como una maniobra deliberada para diluir el carácter opositor de la movilización y como una herramienta de descompresión interna.

Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, le exigían a la CGT que convocara a un paro urgente frente a los tarifazos y la situación económica, pero el pedido aumentó la tensión y terminó en desacuerdo.

En simultáneo, la CGT abrió negociaciones -nuevamente- con el Gobierno: Daer confirmó la existencia de dos proyectos en los que están trabajando, para los que necesitan el visto bueno de la Casa Rosada.

Uno sería un decreto presidencial para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), que tendría implicancias positivas sobre las obras sociales sindicales, como la ampliación de fondos de caja para reintegros. El otro, un decreto que ordenaría un blanqueo laboral masivo de trabajadores informales.

Con estas medidas, desde el Ejecutivo intentan sofocar la posibilidad de un paro, pero no logran controlarlo. Las amenazas del pasado diciembre se cumplen en parte, con vistas a esperar una respuesta concreta sobre el futuro de la Reforma Laboral y alguna propuesta para paliar la crisis.