Recientemente, las usurpaciones, tomas de terrenos y las dificultades para alquilar viviendas se fueron consolidando como algunos de los grandes problemas sociales en el marco de una contexto de crisis económica que ya lleva varios años. Para solucionar esta cuestión, un diputado de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que apunta legislar sobre uno de los grandes nudos del conflicto: la utilización del suelo. 

El diputado bonaerense Fabio Quetglas (UCR) expuso una iniciativa de Ley titulada "Fondo Federal de Urbanización Social". La propuesta plantea la creación de un ente que le permita al gobierno nacional, en coordinación con los gobiernos locales, adquirir tierras linderas a las localidades de menos de 300 mil habitantes con el fin de transformarlas en suelo urbano y poder venderlas con criterios que aseguren un acceso amplio y legal a las tierras, con los servicios básicos incorporados. 

Este proyecto, cabe mencionar, busca aportar soluciones ante un diagnóstico realmente duro: actualmente 15 millones de personas tienen problemas de vivienda; 3,8 millones de hogares tienen algún tipo de déficit habitacional (el cual creció un 50% en los últimos 20 años); y más de 7,5 millones de personas están obligadas a alquilar ante la dificultad de adquirir una vivienda propia.

Según se detalla en el articulado, se plantea que un 30% de la superficie urbanizable debe ser destinada a accesos, entendidos como corredores viales, veredas y afines. Un 10% a espacios verdes, un 20% a áreas de loteo para la construcción de viviendas subsidiadas para sectores vulnerables, y un 35% destinado al desarrollo de viviendas de mercado y áreas comerciales. El 5% restante queda en reserva para la instalación de equipamientos urbanos.

En el artículo 14, puntualmente, se menciona que serán beneficiarios de los fondos aquellos municipios y gobiernos locales que tengan hasta 300 mil habitantes. En diálogo con El Canciller, el diputado aclara que eligió los municipios o ciudades de 300.000 habitantes "porque en otros lugares más poblados como Lomas de Zamora o Berazategui, por ejemplo, la tierra disponible es ínfima. También, porque en la clase media profesional está creciendo un proceso de preferencia por las ciudades intermedias que hay que atender".  

A su vez, el diputado explica que "hasta el rodrigazo, la Argentina tenía un sistema de "loteo popular". El que tenía una tierra periurbana, iba a la municipalidad y con un agrimensor la loteaban. Luego se vendía la tierra en 60, 72 u 84 cuotas. A partir de los 90, de la mano de grandes infraestructuas y un cambio de paradigma, buena parte de ese suelo se hizo territorio de barrio privado y country, pero no atendió las demandas de las clases populares". 

En respuesta a eso, el proyecto de Ley presentado apunta a suplir desde la legislación este circuito que se cortó en 1975: el del loteo popular. "La gente tiene que acceder al suelo urbano pagando un porcentaje considerable de sus ingresos", menciona el bonaerense. Otro de los objetivos de este proyecto, explica Quetglas, es evitar la proliferación de tomas de tierras. "Recordemos que la toma de tierras que sale en la tele es la que tiene intervención policial, pero en realidad hay 20 o 30 por año sólo en el AMBA. Una de las claves para prevenir que avance este fenómeno consiste en ofrecer legalmente un terreno para la construcción de viviendas", sostiene el radical. 

"Otra cuestión a señalar es que los sectores populares tienen pulsión propietaria, es decir, quieren ser propietarios de la tierra. Ellos también quiere tener su propia vivienda y dejársela a sus hijos. Por eso el Estado debe articular estas demandas", manifiesta el político bonaerense. 

Al ser consultado sobre cómo se articula su iniciativa, explica que el proyecto se vincula con las intervenciones estatales asociadas a la urbanización de villas. "Creo que una parte de la solución, además de dar título de tierra, es la relocalización voluntaria para que un grupo de familias de barrios vulnerables se muden a otra ciudad en condiciones dignas", considera el representante del partido centenario. 

"Pensemos que la casa es un paquete de derechos: a la intimidad, la salud, el derecho a reunión. Media Constitución te entra en la casa", explica Quetglas. "Una vez que la familia invierte en hábitat y suelo urbano, empieza un círculo virtuoso: se compran la vivienda prefabricada, se agrega un cuarto para los chicos, un garage, o se hace un jardín". Además, sostiene que "muchos de los chicos que vemos en la calle están ahí porque no pueden estar en la casa dado que comparten el cuarto con los padres". 

"Un estado razonable tiene que pensar alternativas para todos los sectores sociales, para las parejas jóvenes, para las familias consolidadas y para los sectores vulnerables, sin menoscabar la posibilidad de generar un mercado inmobiliario amplio", concluye Quetglas.