La disputa entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional por las nuevas restricciones que afectaron a las clases presenciales llegó a la Corte Suprema de Justicia por medio del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar esperan una decisión de los jueces que, por ahora, no llegó ni se conversó. En ese marco, la clase política debate la competencia del tribunal, y los ojos de la opinión pública se posaron sobre su cotidianidad, algo que muchos escuchan y pocos conocen realmente. 

“La Corte Suprema no es tribunal originario en las cuestiones de la Ciudad, porque es autónoma pero no tiene rango provincial, y la competencia originaria habla de conflictos entre las provincias y la Nación”, refutó el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa que brindó tras reunirse con Larreta. Sin embargo, en 2019 fue la propia Corte quien resolvió, en otra causa, que “le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el derecho de litigar ante su competencia originaria”. Es decir que el máximo tribunal del país puede intervenir en conflictos que tengan como parte a las provincias o a CABA, siempre y cuando medien cuestiones federales de carácter constitucional. 

Al defender su postura, Larreta explicó: “Mi responsabilidad es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar las clases presenciales. No podemos hipotecar el futuro de los chicos. Las aulas más peligrosas son las aulas cerradas”. En la presentación que llegó a la Corte, el gobierno porteño le solicita a la Nación que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado”. 

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Por ahora, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, no convocó a sus pares para conversar sobre este asunto y la resolución se dilataría, a pesar de que el decreto presidencial ya entró en vigencia. En este sentido, se pone de manifiesto una histórica idiosincrasia de los supremos, que es el tiempo discrecional con el que cuentan para tratar los fallos y dictar sentencias, algo que no pocos interpretan como la puerta a la especulación política y al suspenso. La pregunta es si la Corte querrá quedar expuesta con una eventual demora ante un asunto de semejante relevancia. 

En las últimas horas, sólo partieron novedades tangibles desde el Ministerio Público Fiscal porteño. La fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Karina Cicero, se pronunció a favor de las clases presenciales, ante el reclamo de una organización civil de docentes y un centro de estudios. De todas formas, como siempre, la última palabra la tendrá la Corte.

El primer round entre Nación y CABA, o entre Fernández y Larreta, ya se viene jugando hace rato. En todo caso el conflicto por las clases presenciales representó sólo un capítulo más en la creciente tensión que afloró durante la pandemia. En septiembre del año pasado, tras las protestas policiales en la Quinta de Olivos, el presidente anunció un recorte de fondos en la coparticipación que afectaba a la Ciudad con $65 millones menos. Allí, avisó que ese dinero se destinaría al salario de los efectivos, y aprovechó para criticar “la opulencia” capitalina en desmedro de otras provincias y regiones del país. 

Enseguida, Larreta repitió la receta de los últimos días presentando una demanda ante la Corte. Las novedades llegaron casi 7 meses después. Para el próximo miércoles 21 de abril, los magistrados convocaron a una audiencia conciliatoria entre ambas partes. 

Tanto el conflicto por el cierre de escuelas como la causa por la coparticipación esperan una resolución final de la Corte Suprema. En los dos casos se advierten ligeros o nulos avances que, a su vez, traen consigo miradas de reojo a los jueces Rosenkrantz, Elena Higthon de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.