Luego de la presentación de Nicolás Dujovne en el Senado, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue la segunda espada oficial en atajar las críticas opositoras por el Presupuesto 2019.  

En su primera intervención, Stanley reconoció "la difícil situación que atraviesan muchas familias" y destacó la "convicción de transformar la realidad social", la cual "se refleja en el lugar central que tiene la inversión social en el proyecto". 

La ministra recalcó que el 77% del gasto primario previsto en la Ley de leyes se destinará a "servicios sociales", y al detallar la distribución, precisó que respecto del año anterior, la inversión social aumentará un 32%, la seguridad social un 35%, mientras que las partidas en salud se incrementarán en 29%.

Ante la problemática que representa el embarazo adolescente -3000 niñas menores de 15 años tienen un hijo cada año-, indicó que el dinero destinado al Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia será de $489 millones para 2019, un 46% más de lo erogado este año.

Por otra parte, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, apuntó al alcance récord de la Asignación Universal por Hijo -que ayer cumplió nueve años desde su implementación-, y que actualmente abarca a cuatro millones de niños, lo que significa "la máxima cobertura histórica".  

El proyecto de Pichetto

Luego de plantear su voluntad de modificar el proyecto de Bienes Personales, que busca reducir a lo mínimo posible el impuesto, buscando excluir a las casas habitacionales que coticen menos de $18 millones para morigerar el impacto de la devaluación en los sectores de menores ingresos, los gobernadores peronistas dieron el visto bueno a la propuesta pero pidieron por el retorno del Fondo Sojero. 

Sucede que la iniciativa del rionegrino reduciría en $3000 millones la recaudación programada para las provincias, que deberán afrontar la transferencia del costo de subsidios en servicios públicos, en un año en el que muchos mandatarios provinciales buscarán su reelección. 

El pedido justicialista es un dolor de cabeza para el Gobierno nacional, ya que en septiembre pasado había logrado frenar una sesión especial en el Congreso tras compensar con $4125 millones a las provincias por la derogación del Fondo Solidario.