El Gobierno decidió hoy cerrar la investigación administrativa que se había abierto a principios de 2017 por la deuda del Correo Argentino. Es decir, que considera que no hubo errores ni delitos en la forma en la que se manejó el caso. En el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo publicó un decreto en el que rechazó la apelación del fiscal de Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, contra la clausura de la investigación. Así, el Gobierno avaló todo lo actuado por el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien había aceptado una oferta de la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que para la fiscal Gabriela Boquín implicaba una pérdida millonaria para el Estado.

Con este rechazo al recurso jerárquico que había presentado Rodríguez, quedó agotada la vía administrativa. El fiscal puede presentar otro pedido de reconsideración, pero la postura del Gobierno ya fue marcada. En los papeles, la medida fue adoptada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, a quien Macri le delegó la potestad de tomar las decisiones sobre la deuda del Correo Argentino el pasado 4 de octubre. Así estrenó Michetti su nuevo rol y se espera que pronto responda a la última oferta que hizo la empresa al Estado por la millonaria deuda. 

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El Presidente se había alejado de las decisiones mientras sus familiares mantuvieran "participaciones societarias en las empresas controlantes de Correo Argentino S.A". Sin embargo, la designación de su compañera de fórmula generó suspicacias.

La negociación por la deuda que tiene el Correo Argentino con el Estado había generado una fuerte polémica en febrero de 2017, cuando se hizo pública una oferta muy beneficiosa para la empresa que estaba camino a ser aprobada por el gobierno. Para la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquin, la oferta era "abusiva" por alcanzar una quita del 98 por ciento. Los abogados del Correo habían acordado pagar unos 600 millones de pesos en cuotas hasta el 2033, aunque la fiscal calculó que la deuda actualizada era de 70 mil millones de pesos. En ese momento se inició la investigación de Rodríguez sobre lo actuado por el Estado, que hoy terminó con el rechazo por decreto.