Dos funcionarios de Cambiemos le iniciaron, en los últimos días, una suerte de contraataque judicial al diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, uno de los que más denuncias penales hizo contra miembros del Ejecutivo nacional. 

Se trata del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y del titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, que demandaron a Tailhade por daños y perjuicios ya que sus acusaciones nunca pudieron ser probadas. Reclaman, además, un resarcimiento de $1 millón cada uno.

Según reveló hoy el diario La Nación, la mediación previa obligatoria entre Lombardi y el diputado kirchnerista, exconsejero de la Magistratura, fue citada por la mediadora oficial Mara Orlando para pasado mañana, mientras que Aguad tiene cita para el próximo miércoles. 

Los dos funcionarios son patrocinados por el abogado Felipe Llerena, el mismo que defendió a Mauricio Macri en la demanda civil por la causa de los Panamá Papers.

Tailhade ya adelantó que no asistirá a ninguna mediación por "decisión política". "Quieren asustar y después no inician el juicio. Que confirmen la demanda, que paguen la tasa de Justicia, vamos a juicio y ahí veremos", sostuvo el diputado al ser notificado de las citaciones.

El legislador del FPV había denunciado, junto a otros diputados, al ministro de Defensa por la transferencia de acciones clase "A" de Arsat, cuando estaba al frente del Ministerio de Comunicaciones, hoy ya disuelto. La denuncia fue desestimada por el fiscal del caso, Guillermo Marijuán por "inexistencia del delito" y el juez Daniel Rafecas archivó la denuncia. 

En el caso de Lombardi, Tailhade lo había demandado por la contratación que el Sistema Federal de Medios Públicos hizo con la productora La Cornisa, de Luis Majul, para la emisión de un video de cuatro minutos sobre la historia del periodismo, por el cual el Sifema pagó un millón de pesos, la misma cifra que hoy su titular le reclama al diputado.

Esta vez quien desestimó la denuncia fue el fiscal Gerardo Pollicita, otro de los cercanos al Ejecutivo, y el juez federal Sebastián Ramos archivó el caso.

Pero Aguad y Lombardi no son los primeros en denunciar a Tailhade. El año pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, también accionó contra él y le reclamó un pago de $2 millones por haberlo denunciado por la negociación que el ministerio a su cargo había hecho con Odebrecht, cuando el Gobierno buscaba llegar a un acuerdo para obtener datos de las coimas del Lava Jato. En ese caso, la denuncia fue archivada por Canicoba Corral. 

La otra demanda anterior que tenía el legislador kirchnerista también había provenido del ámbito judicial: se la hizo el asesor judicial del presidente Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, al que Tailhade había involucrado en la causa que investigó a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el dinero que atesoraba en su casa, y que fue robado, durante la campaña de 2015.