Luego de la denuncia que divulgó Horacio Verbitsky contra Carlos Stornelli, por una presunta extorsión a un empresario ligado a la causa de los cuadernos de las coimas, la Coalición Cívica cumplió con su aviso y contraatacó con una acusación que apuntó hacia Roberto Baratta como el supuesto instigador de una operación dirigida a perjudicar al fiscal federal.

Según consignó el diario Clarín, el partido político que comanda Elisa Carrió presentó ante la Justicia una denuncia sustentada en transcripciones de escuchas telefónicas que involucran directamente al exministro de Planificación, al exfuncionario kirchnerista Carlos Zelkovicz y, en última instancia, al juez de Dolores que recibió la querella contra Stornelli, Alejo Ramos Padilla.

Las escuchas, que le llegaron a Carrió de forma anónima mediante un sobre, estaban en poder de la diputada nacional previo a la divulgación del artículo del dirigente montonero. Carrió había advertido sobre la supuesta operación un día antes de que esta trascendiera. 

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En los diálogos que habría mantenido Baratta con Zelkovicz, que datarían del 1 de febrero -una semana antes del inicio del escándalo-, el exladero de Julio de Vido se muestra ansioso e insistente por saber sobre la marcha de la cuestión. "¿Cómo va eso?", interroga Baratta, a lo que Zelkovicz responde: "No se movió nada allá en Dolores, salvo que pidieron los informes para leerlos". 

Según indica el artículo de Nicolás Wiñazki, en las conversaciones Zelkovicz le explica a Baratta que "el magistrado pidió los informes, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter" y que "Ramos está decidido a jugar". 

De comprobarse la autenticidad de las charlas, las pruebas serían irrefutables. La investigación de la causa, por sorteo, recayó en el juzgado de Claudio Bonadio. El exministro de Planificación está procesado con prisión preventiva en el penal de Ezeiza por su rol en el expediente. 

Pero estas no son las única escuchas que recibió la líder de la Coalición Cívica. Además, tiene en su poder un diálogo de Baratta con un periodista de Página 12, que le afirma haber "recibido eso", y charlas entre Eduardo Valdés y Juan Pablo Schiavi, del 17 y 18 de enero, en las que el exembajador ante el Vaticano le asegura al exsecretario de Transporte que "pronto habrá novedades" sobre el "operativo Puff", que involucraría a Bonadio y Stornelli.

Los avances de la causa que detalló Stornelli

En diálogo con Joaquín Morales Solá, el fiscal federal volvió a relativizar la denuncia en su contra y precisó los nuevos pormenores del expediente. Días atrás, ya se había desentendido de la acusación, que postula que supuestamente le habría pedido US$300.000 al empresario Pedro Etchebest para otorgarle la libertad en la causa, en tanto había desestimado la importancia de Marcelo D'Alessio.

"A Pedro Etchebest no lo conozco, no sé quién es, no está imputado en la causa, Campillo no lo mencionó", aseguró, al tiempo que añadió: "D'Alessio no investigó nada conmigo, todo es invento". 

Stornelli ahondó en datos sobre el progreso de la causa que inició en los manuscritos del exsuboficial Óscar Centeno y que ahora tiene a más de 100 empresarios aguardando para prestar declaración indagatoria. En esta línea, valoró las declaraciones de Víctor Manzanares y Ernesto Clarens.

"La de Manzanares es una de las revelaciones más importantes porque provienen del riñón de la familia Kirchner: no sólo aportó datos sino que asumió su participación en los hechos", afirmó, en tanto añadió: "Habia empresarios que arreglaban directamente con Clarens, lo contó él". 

En la causa, que cuenta con más de 30 imputados colaboradores, la expresidenta está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas. "Parte del dinero no se puede recuperar, pero se sabe que una parte de los US$70 millones está en una isla del Caribe", aseguró el funcionario judicial.