El fiscal Ramiro González, que investiga la causa por violencia de género iniciada por la exprimera dama Fabio Yañez contra Alberto Fernández, rechazó este martes el pedido del expresidente para que el expediente pasara a la Justicia de San Isidro y remarcó que el trámite debe permanecer en los tribunales federales de Comodoro Py. La resolución final quedará a cargo del juez Julián Ercolini.   

"Más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo", sostuvo el fiscal.

"Estas características imponen un comportamiento prudente a la horade definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio pues, justamente, el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado", subrayó.

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La defensa de Fernández había planteado que, por tratarse de hechos de violencia que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, el expediente debería pasar al Poder Judicial de San Isidro. 

En su resolución, González aseveró que "las características de los hechos objeto del proceso sugieren con claridad que la declaración de incompetencia territorial" solicitada por Fernández "se presenta como prematura".

"Según la opinión del Misterio Público Fiscal, corresponde que, por el momento, el caso quede bajo la competencia del juez federal delegante con el objeto de esclarecer los extremos relevantes de la pesquisa, determinar definitivamente el objeto procesal y asignar las calificaciones legales del caso como paso previo a decidir, de un modo definitivo, acerca de la asignación territorial que pudiere corresponder", insistió.

"Lo contrario implicaría que se obture la investigación que se encuentra en curso y se incrementen los riesgos de revictimización, que es, justamente, lo que la ley impone evitar", cerró.

La resolución del fiscal se conoció horas después de que el exmandatario realizara un pedido formal para prohibir la difusión de sus fotos y videos en medios de comunicación convencionales y digitales, y reclamó que, además, se eliminen las imágenes que ya se publicaron.