El Gobierno nacional planea realizar cambios drásticos y más estrictos para la ley de ética pública. En medio de un enero caliente, en donde solo se habla de los tarifazos y con el fantasma de la reforma previsional todavía flameando por los alrededores del Congreso, la consigna es subirse al caballito de batalla de la lucha contra la corrupción. En un gobierno con un gabinete colmado de Ceos, el desafío no es menor, sin embargo, aplicará para también para  jueces, fiscales, diputados y senadores.

Según el texto que trabajaron durante casi un año diputados de Cambiemos y la oposición, y que ahora tiene en su poder la Oficina Anticorrupción (OA), habrá que desprenderse de acciones y bonos antes de asumir, restringir la actividad privada al dejar el cargo, y publicar los bienes de sus parejas.

"Es un proyecto basado en la experiencia, para prever situaciones que hoy no están claras. La persona que entre en el Estado deberá asumir costos personales", aseguró la titular de la OA, Laura Alonso, en diálogo con La Nación.

El tema de la corrupción no es menor para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Cuando anunció que varios ex Ceos formarían parte del "el mejor equipo en 50 años" (Macri dixit), brotaron a la superficie varios casos de empresarios que saltaron al Estado para regular y decidir sobre los mismos rubros a los que se dedicaban en la función privada. Los ministros Juan José Aranguren (Energía); Miguel Braun (Comercio); Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria), son algunos de los múltiples casos.

Todavía es tema de discusión y debate si el Presidente enviará el proyecto al Congreso o le pedirá a los legisladores que ellos mismos le den cauce parlamentario. El desafío es mayúsculo para el resto de los actores involucrados: jueces, fiscales, diputados y senadores. Habrá que ver si el Gobierno está dispuesto a correr el riesgo de tirar del mantel.

  • Según el anteproyecto, estará prohibido "realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones”, "proveer bienes o servicios al organismo que ejerce su competencia” e "intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”.

  • La gran novedad es que volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad.