En medio de la investigación de una aparente maniobra fraudulenta que habría implicado el desvío de una cifra millonaria entregada por el Estado al Polo Obrero entre 2020 y 2023, el dirigente Eduardo Belliboni se defendió nuevamente ante las cámaras, al asegurar que la facturación a una de las firmas apuntadas como proveedoras de comprobantes apócrifos se llevó a cabo de manera legal: "A mí la AFIP me dijo que esa empresa existía".

"La administración de ingresos públicos me autorizó a comprarle a esa empresa, porque antes de comprarle a la empresa, tengo que preguntarle a la AFIP si es legal. Porque está dentro del convenio que yo firmé con el Ministerio de Desarrollo Social", explicó el líder del partido en diálogo con TN.

Ante la réplica del periodista Nicolás Wiñazki acerca de que "la AFIP dice lo contrario", Belliboni insistió: "Pueden decir eso ahora, pero hace tres años, cuando yo le presenté al Ministerio una factura que pasó previamente por la AFIP, me habían dicho que era perfectamente legal".

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Según argumentó el dirigente, las facturas eran legítimas ya que habían sido tramitadas a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y pasado por el Estado y reiteró lo que había dicho al enterarse de que sería citado a indagatoria por "administración fraudulenta" la causa que investiga los manejos de los fondos públicos: "Vamos a dar la cara y se lo vamos a mostrar a la Justicia porque no son truchas".

Respecto del procedimiento puesto bajo la lupa, y puntualmente por el uso de recursos en la imprenta Rumbos S.A. para la compra de una fotocopiadora por la cual se habrían pagado $700.000, afirmó: "Produjo un montón de volantes y de actividades de difusión del dengue, que estuvimos haciendo hasta ahora porque nadie difunde el combate al dengue".

Al ser consultado sobre si los fondos no debían tener destino para la asistencia social, respondió: "Asistencia social es tomar el tema del dengue. Porque es un problema enorme que hay, por ejemplo, en Corrientes, en Misiones, que se ve ahora mismo".

Mientras tanto, la Justicia avanza en el caso para saber si el Polo Obrero defraudó en millones de pesos al Estado nacional, ya que la sospecha es que parte del dinero que recibía por ser una unidad de gestión del plan Potenciar Trabajo fue desviado a dos empresas -Rumbos SA y Coxtex SRL- que habrían realizado facturas truchas.

Según la investigación en curso, el partido habría operado de manera fraudulenta $25 millones entre 2020 y 2023, con el objetivo final de financiarse para campañas políticas. El juez federal Sebastián Casanello recibió información de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que indica que el Partido Obrero consiguió en ese mismo lapso $18 millones de aportes que hizo, por un lado, la firma Rumbos -fundada en 2017 por Christian "El Colo" Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás- y, por otro, Roberto Adrián Albornoz, quien fue citado también a indagatoria para el próximo 25 de junio.