En coincidencia con la batería de detenciones y procesamientos que ordenó el juez federal Claudio Bonadío bajo el cargo de "traición a la patria”, el Gobierno buscará en el 2018 juzgar a los iraníes acusados presuntamente perpetrar el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en donde murieron 85 personas. Tras dos años de negociaciones con familiares y las entidades judías, se busca un juicio en ausencia para "cerrar una etapa”.

En abril el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto y su par del interbloque Cambiemos Angel Rozas presentaron el proyecto firmado en común para habilitar "el juzgamiento en ausencia". El objetivo era incorporarlo -con el visto bueno del ministro de Justicia, Germán Garavano- al código penal. En junio Pichetto dijo que "creemos que es un instrumento válido para el futuro pero también para el caso Amia, la causa está estratificada y paralizada en el requerimiento a indagatoria y la posibilidad de que esta gente se presente es aplicable con el juicio en ausencia. Pero requiere una voluntad común. No es sólo para que el 18 vayamos con una bandera",

Quién comenzó la tarea de ir tanteando la recepción de los familiares y las entidades judías fue el ahora titular de la Unidad Fiscal AMIA, el ex senador radical Mario Cimadevilla. El secretario de Estado en diálogo con La Nación dijo que además de funcionar para el juicio en ausencia, "trabajamos este proyecto, pensado para delitos transnacionales, que nos permitirá, más allá de las causas conexas, saber lo más importante: quién puso la bomba".

La DAIA y un grupo de familiares aceptaron la medida y le dieron luz verde al Gobierno para que juzgue a a Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina, a Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Buenos Aires, a Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; y a a Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS por la autoría del atentado.

En principio, la medida apunta a contrastar con el kirchnerismo que promovió el famoso Memorándum de entendimiento con Irán, que le provocó, en gran medida, un serio revés que hasta se pagó con la cárcel de agunos ex funcionarios. El oficialismo busca "cerrar la herida” y ponerle un punto final a la situación tras 23 años de impunidad.

AMIA y arrestos: busca el Gobierno dar una señal de firmeza ante los iraníes

La tesis de Juan José Galeano, el magistrado que hoy es juzgado por encubrimiento, indicaba que Irán era el responsable intelectual y material del atentado.

La propuesta del Gobierno tiene su rechazo en Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado. "El único objetivo de todas estas maniobras es claro: cerrar la causa AMIA de nuevo, inventando otra historia oficial", afirmó la entidad. 18J y Apemia, de Laura Ginsberg también mostraron su rechazo a la iniciativa.