La alarma volvió a encenderse entre los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA. Una orden emanada desde lo más alto del Gobierno Nacional generó un cambio repentino pero no inesperado en el juicio por el encubrimiento del atentado: la querella que depende del ministerio de Justicia decidió no pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados por el desvío intencional de la investigación del atentado que costó la vida de 85 personas en 1994.

La decisión generó un nuevo escándalo al interior de la Unidad AMIA, a cargo del radical Mario Cimadevilla, que representa los intereses del Estado (en este caso del Gobierno Nacional) en la causa en la que están siendo investigados el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano, entre otros. El trio de abogados que llevan adelante la querella se rompió y sólo dos de ellos asistieron a la audiencia de hoy en Comodoro Py en la que presentaron su alegato.

La Unidad AMIA del ministerio de Justicia tenía tres abogados habilitados a participar del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA: Enrique Ventos, José Console y Horacio de Filipo. El primero de ellos, Ventos, estaba dispuesto a esbozar un alegato en sintonía con el de la fiscalía y con el de los familiares de las víctimas, en el que pediría penas de prisión para Mullen y Barbaccia. Pero no lo dejaron. Menos de 24 horas antes de la audiencia desde la cúpula del ministerio de Justicia bajó la orden de revocarle al abogado su poder para participar del juicio.

El abogado Enrique Ventos estaba dispuesto a esbozar un alegato pidiendo penas de prisión para Mullen y Barbaccia. Pero no lo dejaron.

En una carta dirigida a Cimadevilla, el secretario de Justicia, Santiatgo Otamendi, número dos del ministro Germán Garavano, ordenó que la posición de la Unidad AMIA en la audiencia de los alegatos sea presentada por el abogado Console que implicaba no pedir sansiones para los ex fiscales que aún conservan amistades en el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro. El Gobierno blanqueó su interés en exculpar a dos de los acusados.

Con la orden del secretario de Justicia bajo el brazo, Console y De Filipo se presentaron hoy en la sala AMIA de los tribunales de Retiro. Solos. No los acompañó ninguno de los abogados que integran el equipo de trabajo de la Unidad AMIA. Ni siquiera Mariana Stilman, abogada de confianza de la diputada nacional Elisa Carrió, que ya tuvo su propia tormenta en relación a este caso.

Frente al tribunal que juzga el encubrimiento del atentado, Console dijo que no había pruebas para pedir condenas para los ex fiscales y que no había más que "sospechas" sobre ellos. La exposición de Console “pareció una defensa de los ex fiscales”, lamentaron algunos familiares de las víctimas del atentado.

Los desmanejos en la Unidad de Amia (que, para algún desprevenido, no es la UFI AMIA que depende del ministerio Público) no son estrictamente de hoy: la posibilidad de que el Estado argentino, bajo la gestión de Mauricio Macri, buscara modificar el rumbo de ese equipo había comenzado a cobrar forma cuando Cimadevilla empezó a desarticular el equipo de abogados que venía trabajando durante la gestión kirchnerista.

El abogado José Console dijo frente al tribunal no había pruebas para pedir condenas y que no había más que sospechas.

Bajo la gestión anterior la acusación de la Unidad AMIA fue conducida por Luciano Hazan, ex abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y ex subsecretario de Justicia, quien presentó su renuncia por cuestiones políticas tras el cambio de gobierno. Atendible. Fue entonces que Cimadevilla conversó con Elizabet Gómez Alcorta (hoy defensora de Milagro Sala) la posibilidad de que se quedara a cargo, pero la letrada renunció cuando notó que estaban desarmando su equipo. Entonces le llegó el turno a Stilman, la abogada de Carrió.

A fines de marzo del año pasado se produjo el primer escándalo cuando Stilman renunció a su cargo por diferencias de criterio con las directivas impartidas por Garavano. En una carta en la que expuso sus críticas, la abogada vinculada a una de las fundadoras de Cambiemos dejó que sobrevolara la idea de que no la dejaban ejercer la acusación con libertad y le pedían que se apartara de ciertas “normas éticas profesionales”.

La señal fue inconfundible. Los familiares de las víctimas del atentado denunciaron publicamente que el Gobierno buscaba, a través de la inacción de la Unidad AMIA, la impunidad de los acusados. Hoy volvieron a sonar las alarmas.