Alberto Fernández inició las gestiones para tramitar su jubilación como expresidente de la Nación en la ANSES, que sería de $7 millones por mes, y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Graciela Ocaña lo cruzó, acusándolo de "sinvergüenza" y "caradura".

"Nos vamos a presentar en la ANSES para impedir que obtenga la jubilación de privilegio. Porque no cumple con los requisitos y además es un sinvergüenza de pedirlo con la situación que están viviendo los jubilados en el país", afirmó Ocaña. 

En diálogo con Radio Mitre, la legisladora calificó a Alberto de "caradura" por atreverse "a pedir una pensión por su gestión, que ha sido desastrosa, con 130 mil muertos de Covid, con la fiestita de Olivos y el vacunatorio VIP".

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"Lo hizo justamente los días previos en que seguramente el Congreso elimine y ojalá para siempre, este privilegio que han tenido los presidentes y los vicepresidentes", aseguró en referencia a la Ley Ómnibus.

Si los cálculos de Ocaña son correctos, la suma que exige equivale a 66 haberes mínimos, que en febrero será de $105.712,61.

En la noche del lunes, en TN, nombró las razones legales por las que no le corresponde percibir tal suma: "La ley pone dos condiciones, no debe cobrar ningún otro tipo de jubilación o pensión dentro del sistema, y debe residir en el país, adjuntaremos varias declaraciones en las que dijo que cuando dejara la presidencia iba a residir en Madrid, lo que hace desde 21 de diciembre".

En ese sentido, la Ley 24.018 dispone en su artículo 5°: "La percepción de la asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquella por estos últimos beneficios. Para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país".