Cuáles son las pruebas que complican al presunto pedófilo más peligroso del país
En la casa del hombre, quien se negó a declarar, se encontraron distintos objetos sexuales que habrían sido usados para crear material pornográfico, por lo que los fiscales evalúan agravar su imputación.
El hombre detenido el pasado martes en el partido bonaerense de Ituzaingó acusado de ser el pedófilo más peligroso del país ve complicada su situación ante la Justicia luego de que se encontraran en su casa pruebas que indican que habría fabricado objetos sexuales, tales como un robot que simulaba ser un niño, para usar en los videos que subía a la red.
Se trata de David Cisneros, de 35 años, quien es investigado por la fabricación y distribución de material pornográfico infantil en Internet y que fue capturado el 30 de abril a la madrugada, fecha desde la cual permanece privado de su libertad.
Con la incautación de elementos que habrían sido utilizados en los videos y que comprometen su situación, la fiscalía N°5 Morón, a cargo de Claudio Oviedo y Marisa Monti, contempla la posibilidad de agravar su imputación.
Entre los objetos secuestrados en el domicilio de Cisneros se encuentra un robot hecho con una impresora 3D y cables, que simulaba ser un menor de edad y que la Justicia investiga si el detenido lo creó para usar en el material producido y luego difundido en la web.
Asimismo, la Policía incautó chupetes y objetos sexuales que habrían sido empleados en los videos, aunque se desconoce si fueron utilizados con niños. Por este motivo, se revisarán los celulares y notebooks del presunto pedófilo, que fueron secuestrados durante el operativo.
El hombre, que se negó a declarar en las últimas horas ante la Justicia, fue arrestado el pasado martes durante la madrugada, debido a que solía descargar el contenido entre las 12 y las 4 de la mañana y luego lo distribuía en distintas plataformas.
La investigación para su captura había comenzado meses atrás por pedido de la fiscalía N°5 de Morón y el Departamento de Cibercrimen de Pergamino, bajo el mando de José María Cifuentes, por la hipótesis de que en una vivienda de la localidad bonaerense se distribuía material pornográfico infantil.
Durante el proceso, llamado "Cisne Negro" y que contó con la colaboración con la Interpol, se constató que había más de 100 mil archivos de abusos a menores de edad.