El juez federal Sebastián Casanello rechazó la nulidad pedida por la querella sobre un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, que postuló el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como "la ruta del dinero K", que investiga el lavado de activos por el que sí fue condenado el empresario Lázaro Báez y en la que aún se encuentra imputada la exmandataria.

El magistrado resolvió "no hacer lugar" al planteo que presentó la Asociación Civil "Bases Republicanas", aceptada como querellante en la causa por decisión de la Cámara Federal porteña, según una resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

En el mismo sentido, el juez recordó que en la actualidad esa querella particular es la única impulsora de la investigación penal, ya que el fiscal "en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador".

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Casanello hace referencia a que Marijuan ratificó que la exmandataria debe ser sobreseída en esta investigación por falta de pruebas que la vinculen a las maniobras por las que fue sentenciado Báez, quien se probó que manipuló dinero obtenido de manera ilegal de la obra pública nacional durante la gestión kirchnerista.

El 30 de julio, Bases Republicanas pidió la nulidad del dictamen del fiscal, que había pedido el sobreseimiento de Cristina en la causa en la que Báez fue sentenciado a diez años de prisión por el lavado USD 55 millones a través de Austral Construcciones, misma firma que -según se estableció en el juicio por el caso "Vialidad"- se consignó como adjudicataria de 51 licitaciones de forma irregular, lo que generó un perjuicio al Estado estimado en $80.000 millones.

"No estamos frente a cuestiones de validez sino frente a diferencias sobre el mérito de la prueba, lo que remite a un ámbito de discusión absolutamente distinto", afirmó el juez respecto del pedido de nulidad.

En la resolución, además, Casanello explicó: "Sincerar esta cuestión, claro está, supone admitir que el Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador. Es decir, la presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma".

"Si bien esto no sería una rareza, sí es absolutamente inédito que ocurra en las condiciones actuales del expediente", iniciado hace más de diez años, agregó. Por este motivo, remarcó: "Lo hecho hecho está. A partir de aquí resta el deber constitucional de la magistratura de asumir su rol de guardián de la legalidad y observar un comportamiento racional".

"El dictamen cuestionado se encuentra debidamente fundado y exhibe una conclusión que dio paso a un requerimiento específicamente motivado", puntualizó, para concluir que el fiscal Marijuan expuso su postura "a través de una derivación razonada del derecho vigente a la luz de las constancias de la causa, que en concreto y de manera coherente referenció".

La dos veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta sigue imputada en este caso, mientras se llevan a cabo las medidas de prueba indicadas por la Cámara Federal.