Médico imputado y juez denunciado: cómo sigue la investigación por la muerte del paciente que recibió dióxido de cloro
El fallecimiento del escribano de 92 años abre demandas cruzadas entre el médico de cabecera, la familia del difunto, el Sanatorio Otamendi y la Justicia.
El neurocirujano especializado en ozonoterapia y medicina ortomolecular, Dante Converti, que recetó dióxido de cloro para su paciente con coronavirus Oscar Jorge García Rúa, fue imputado tras la denuncia del ministerio de Salud. Además, el juez Javier Pico Terrero, que ordenó la práctica, fue denunciado por "mala praxis judicial".
García Rúa recibió nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y dióxido de cloro por vía intravenosa horas antes de morir en el Sanatorio Otamendi. El caso se judicializó porque los médicos de la clínica no querían tratarlo de esa forma, ya que la ANMAT no aprobó el químico.
La noche del martes se realizó un allanamiento en el consultorio del neurocirujano por orden del juez que lleva la causa, Sebastián Casanello. El objetivo de la medida fue preservar la prueba. Incautaron historias clínicas y órdenes médicas donde prescribe el uso del dióxido.
La directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi, sostuvo al apelar la orden judicial que "la institución se ve compelida al cumplimiento de una medida judicial que la comunidad médica y científica desaconseja enfáticamente, pues conlleva a consecuencias adversas y severas a las personas que se les administre. Además, los productos no cuentan con estudios que muestren su eficacia y no poseen autorización de la Anmat para su comercialización y/o uso".
En la vereda opuesta, los familiares del paciente interpusieron una demanda contra el sanatorio por haber tardado en aplicar el químico. Para ellos, las 48 horas que pasaron entre la prescripción médica y el momento de la aplicación afectaron al difunto.
Después de que la Justicia ordenó el tratamiento con dióxido, el paciente tuvo una breve mejoría y luego tuvo fiebre. Fue internado en terapia intensiva el 10 y al día siguiente murió.
Esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, defendió la no aplicación del químico en personas. "Más allá de lo que cada uno piensa o sienta o esté convencido de qué tratamiento es útil o no, es muy importante que actuemos en base a las recomendaciones y aprobaciones de la ANMAT, que hace evaluaciones técnicas de todos los medicamentos y recomiendo o no su uso de acuerdo a la evidencia científica", indicó.
Asimismo, destacó que "el tratamiento está prohibido" en Argentina. También expresó que su posición va en línea con lo que disponga la agencia. "Si la ANMAT no aprueba un medicamento, no debe aplicarse a humanos en el país", afirmó.