Este jueves, el juez federal en lo contencioso administrativo Martin Cormick rechazó la apelación presentada el miércoles por el ministerio de Capital Humano para no cumplir su orden de brindar detalles en un plazo de 48 horas sobre la forma de distribución de los alimentos almacenados en depósitos oficiales. De esta forma, si el Gobierno no ofrece respuestas en 24 horas, entraría en incumplimiento. 

La mercadería debe ser distribuida entre comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales que maneja la cartera que lidera la ministra Sandra Pettovello.

En este marco, Capital Humano presentó este miércoles un "recurso de revocatoria" contra la resolución del juez, quien el lunes último se había expedido al respecto.

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Se trata de un cargamento de casi seis millones de kilos de alimentos, que están guardados en los depósitos de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la ciudad tucumana de Tafí Viejo.

La resolución de Cormick se refiere a la cautelar que emitió su colega Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.

En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno a continuar con la entrega de alimentos a comedores. Ese magistrado pidió, además, que "el ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes". 

"Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras", agregó respecto a la causa que había iniciado a principios de este 2024, cuando las organizaciones señalaron que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantuvieran las políticas sociales. A raíz de esta situación, presentaron un amparo colectivo al que el juez Lara Correa dio a lugar.