La Justicia federal ordenó realizar un peritaje contable sobre los bienes de Cristina Kirchner por presuntas irregularidades en la evolución de su patrimonio -en su última presentación expuso $250 millones-, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El análisis, pedido por el fiscal Gerardo Pollicita como parte del proceso reabierto a fines de 2024 por impulso de la Cámara Federal porteña, alcanza también a las posesiones heredadas de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

La pesquisa, que llevará adelante el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, busca esclarecer la declaración de bienes de la exmandataria entre 2009 y 2015. En este sentido, se examinarán ocho puntos clave que incluyen propiedades en Río Gallegos y El Calafate, en Santa Cruz; la relación con Austral Construcciones de Lázaro Báez y la transferencia de terrenos, además de plazos fijos y depósitos en dólares.

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Durante el peritaje -ordenado el 26 de diciembre, cuando comenzaba la feria judicial, pero que trascendió en las últimas horas- se evaluarán también las cuentas bancarias de la expresidenta y su grupo familiar, y los movimientos financieros vinculados a sociedades en las que tuvo participación.

A su vez, se observarán los ingresos exteriorizados en relación con su nivel de gastos, y de esta forma se buscará determinar si hubo inconsistencias o no en las declaraciones juradas que la titular del peronismo presentó en el período de estudio ante la Oficina Anticorrupción.

En paralelo, Pollicita dispuso otras medidas, como la solicitud de información actualizada al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz y a la Municipalidad de El Calafate y la remisión de copias certificadas del expediente de la sucesión de Néstor Kirchner al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N°2 de Santa Cruz, ante la posible omisión de bienes en la herencia.

El patrimonio de las dos veces jefa de Estado fue peritado en otras oportunidades, en las que al menos tres jueces consideraron que no había pruebas suficientes para imputarla por enriquecimiento ilícito. De hecho, Julián Ercolini había archivado en junio pasado esta causa al sostener que las irregularidades detectadas no constituían delito, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó reabrirla para profundizar el análisis.